Posiblemente, dos de los libros más interesantes sobre el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 son 23-F, La Farsa. Historia de una investigación amañada (Plaza&Janés, 2024), de Carlos Fonseca, y 23-F, el golpe del CESID (Planeta, 2001), de Jesús Palacios. Dos libros de investigación que siempre han defendido, con datos en mano, la implicación directa del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), es decir, los servicios de inteligencia españoles, entre 1977 y 2002, organismo padre del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Fonseca recuerda en su libro las partes del sumario que revelan la implicación de dirigentes del CESID en el golpe de estado y, a la vez, cómo fue providencial el informe Jáudenes, un atestado interno de los mismos servicios de inteligencia, para sacar al centro de la ecuación. Afortunadamente, este informe ha sido desclasificado y, de la lectura de este documento contextualizada con otros papeles, como las actas del sumario judicial de los golpistas, se concluye que Fonseca tenía razón. A pesar del secretismo que supuestamente rodeó la preparación del 23-F, posiblemente no fue tan secreto.
Por su parte, el libro de Palacios, dedicado específicamente a la participación de los servicios secretos en el golpe, es aún más directo. «El 23-F fue un golpe de diseño, una operación del estado mayor del CESID puesta en marcha por el teniente coronel Javier Calderón y el comandante José Luis Cortina«, sentenciaba Palacios en su libro, mencionando a los máximos responsables de los servicios de inteligencia. Calderón era secretario general del CESID y Cortina, jefe de la poderosa Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME). Los documentos desclasificados apoyan la versión de Fonseca y de Palacios, que ya se apuntó en la sentencia del consejo de guerra al que fueron sometidos los golpistas. Solo uno de sus miembros fue condenado, el capitán Vicente Gómez, y fue indultado tres años después a propuesta del entonces ministro de Defensa, Narcís Serra.
AOME, Tejero y Jáudenes
En primer término, uno de los documentos más interesantes es la aparición del Informe Jáudenes. Un documento que lleva el nombre de su autor, el teniente coronel Juan Jáudenes, entonces jefe de la División de Interior del CESID, y que fue un encargo del entonces director interino del centro, Narciso Carreras. Un documento de 40 páginas que exculpaba al CESID tras realizar una investigación entre varios agentes y responsables de los servicios de inteligencia. Este documento, en principio, era interno y no debía entregarse al juez especial instructor del sumario del 23-F, José María García Escudero.
Pero el 4 de abril de 1981 cambiaron las cosas. El juez llamó a declarar al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. La cara visible del golpe soltó prenda e inculpó directamente al comandante Cortina, describiendo su relación con el general Alfonso Armada, una de las almas del golpe. Tres días después, el juez citó a Cortina, quien se defendió alegando que Tejero había mentido. Pero el juez no se lo acabó de tragar y comenzó a citar testigos del CESID que, curiosamente, constaban en el informe Jáudenes, que en principio el juez no debía tener. La celeridad de la instrucción no permitió profundizar más, pero el juez procesó a dos integrantes del CESID.
«Hay indicios de Cortina», decía otro informe
Los documentos desclasificados apoyan ahora la tesis que relaciona directamente al CESID con el golpe del 23-F. En concreto, es el Informe sobre la participación de miembros de la AOME (CESID) en los hechos del 23 de febrero de 1981. Este documento determinaba que había, como mínimo, seis mandos que «o bien conocían los hechos antes del 23-F o bien planificaron un apoyo operativo que llevaron a cabo y que posteriormente trataron de encubrir».
El informe, de apenas cuatro páginas, es breve y va al grano. Uno de los datos destacables es que el comandante Cortina, el jefe de la AOME, tenía relación con el golpe. «No está comprobado que lo supiera, pero hay indicios de que lo sabía», sentencian los informantes del CESID. El documento asegura que los implicados del CESID pusieron al servicio de los golpistas «medios, emisoras y vehículos» en apoyo de la columna militar que se dirigió al Congreso. Asimismo, que dos de los integrantes de la AOME fueron los responsables de las «misiones de control en la zona del Congreso».
El documento relata la existencia de la operación Mister, que modificaba datos y documentos para justificar movimientos del personal durante los días previos al golpe y durante el día de los hechos. El resultado del informe son nueve bajas del servicio de inteligencia de entre los once directivos, dos jefes y nueve oficiales de la AOME que se encontraban en servicio el 23-F. Solo el capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez fue condenado y Cortina fue absuelto y enviado al regimiento de infantería de Jaén. El resto cambiaron de destino y algunos se integraron al servicio de información de la Guardia Civil.
Uno de los detalles interesantes del informe es que asegura que Cortina se reunió con el embajador de EE.UU. en España, Terence Todman, justo antes del golpe –cabe destacar que EE.UU. calificó el golpe «de asunto interno»–. Y también celebró una cumbre con el nuncio del papa de Roma en España los días previos al golpe. Dos elementos que, sumados a la estrecha relación de Cortina con el general Armada, permiten concluir una participación importante del CESID en la idea, planificación y ejecución del golpe.
