Paso importante de la Unión Europea para reforzar la protección de los menores frente a los abusos y la explotación sexual. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han cerrado este lunes un acuerdo provisional para reformar la directiva comunitaria sobre estos delitos, con el objetivo de adaptarla a los nuevos riesgos digitales, endurecer las sanciones y facilitar que las víctimas puedan acceder a la justicia muchos años después de los hechos.
Más delitos, penas más duras y más tiempo para denunciar
Una de las principales novedades es la ampliación de los plazos de prescripción. En los casos más graves, como las violaciones con penetración o la explotación de menores en la prostitución, los delitos no prescribirán hasta 32 años después de que la víctima cumpla los 18 años. Esto significa que se podrán denunciar hasta los 50 años, una reivindicación histórica de muchas asociaciones de víctimas que recuerdan que a menudo se necesitan décadas para poder explicar o denunciar los abusos sufridos durante la infancia. La reforma también aumenta las penas para los delitos más graves y amplía el catálogo de conductas castigadas penalmente. Entre las nuevas figuras delictivas está el pago por acceder a retransmisiones en directo de abusos sexuales a menores, la posesión o difusión de instrucciones para cometer estos delitos y la producción o distribución de sistemas de inteligencia artificial diseñados para generar material de abuso sexual infantil.
Nuevos riesgos digitales
El acuerdo responde, en buena parte, al impacto de las nuevas tecnologías. Bruselas considera necesario actualizar la legislación ante el aumento de contenidos falsificados con inteligencia artificial y otras formas de violencia sexual que se desarrollan en internet. Por este motivo, la nueva normativa tipifica de manera específica el grooming, es decir, las estrategias utilizadas por adultos para ganarse la confianza de los menores con fines sexuales. También se perseguirá la sextorsión, que consiste en amenazar a un menor con difundir imágenes o contenidos íntimos para obtener dinero o más material sexual.
En cuanto al consentimiento, la reforma establece criterios más claros y determina que el silencio o la falta de resistencia no pueden interpretarse como una aceptación. Además, deja claro que el consentimiento solo es válido si se expresa de manera libre y voluntaria y que puede retirarse en cualquier momento. La directiva también refuerza el apoyo a las víctimas, que deberán tener acceso gratuito y rápido a servicios sanitarios, asistencia jurídica, alojamiento temporal y mecanismos para reclamar indemnizaciones a los agresores. El acuerdo aún debe ser ratificado formalmente por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros. Una vez aprobado definitivamente, los gobiernos dispondrán de tres años para adaptar su legislación nacional a las nuevas normas comunitarias.
