Choque de los consejos audiovisuales de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por no querer integrarlos en el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (EBMS, en sus siglas en inglés), como sí han hecho otros países como Bélgica o Alemania con sus autoridades regionales. Los presidentes de los tres entes –Xevi Xirgo, José María Vidal y Domi del Postigo, respectivamente– consideran que la celebración en Barcelona de la cuarta asamblea plenaria del comité, que tiene lugar este martes y miércoles, “habría sido el foro ideal para integrar a las autoridades independientes autonómicas del Estado en este comité, donde están representadas las autoridades audiovisuales independientes de todos los países de la UE”. De hecho, Bélgica participa en el EBMS mediante tres reguladores asociados y Alemania con un órgano colegiado que agrupa a los reguladores de catorce lands. Esta fórmula podría usarse también en el Estado español, que podría estar representado por un órgano colegiado presidido por la CNMC pero formado también por el CAC y los consejos de la Comunidad Valenciana y de Andalucía. Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no quiere ni hablar del tema.

La CNMC ostenta la primera presidencia rotatoria del EBMS, motivo por el cual los reguladores catalán, valenciano y andaluz aún consideran más incomprensible la pasividad del regulador audiovisual español. Incluso, desde el entorno del CAC se considera una provocación que la CNMC organice este acto en Barcelona y no en Madrid, con voluntad de humillar al regulador catalán al evidenciar en su territorio que no tiene ningún papel en el EBMS.

Para dejar clara su posición, los reguladores de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía han decidido no asistir al encuentro organizado a última hora por la presidencia española del organismo europeo, «ante la urgencia de la convocatoria y el hecho de haber sido invitados solo a la jornada previa y no a la sesión plenaria».

Xevi Xirgo, presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) / Mireia Comas
Xevi Xirgo, presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) / Mireia Comas

Los presidentes de los tres consejos audiovisuales lamentan que se haya perdido la oportunidad de “resolver la reivindicación histórica” de estar presentes en este organismo, que sustituye al antiguo Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA), donde tampoco estaban presentes. Consideran la decisión sorprendente porque el reglamento del comité permite la inclusión de reguladores regionales, aunque no tengan derecho a voto. “Cuando un estado miembro tenga más de una autoridad u organismo regulador nacional, estas autoridades u organismos reguladores nacionales se coordinarán mutuamente según sea necesario y nombrarán un representante común. El representante común ejercerá el derecho de voto”, dice el artículo 4.

Además, en el considerando 38, añade: “Cuando los estados miembros cuenten con varias autoridades u organismos reguladores nacionales pertinentes, incluyendo los de ámbito regional, se debe elegir un representante común a través de procedimientos adecuados, y el derecho de voto debe continuar limitado a un representante por estado miembro. Las autoridades u organismos reguladores nacionales deben poder consultar y coordinarse con las autoridades u organismos competentes pertinentes y, si procede, con los organismos de autorregulación de sus estados miembros para la realización de sus actividades dentro del Comité”.

Una decisión «difícil de entender»

Los consejos audiovisuales de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana critican que España no haya hecho como Bélgica o Alemania, que aprovecharon este punto para integrar a las autoridades regionales respectivas en el comité. “Un hecho difícil de entender, especialmente en un momento en que la coordinación entre los reguladores independientes españoles y europeos es más necesaria que nunca, en un contexto en que la comunicación y su incidencia en la ciudadanía en el entorno tecnológico actual representan un reto histórico”, concreta el comunicado conjunto publicado por los tres entes. 

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