Respuesta formal y contundente a la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea (DG MOVE) por parte de Acció Cassandra, después de que la entidad de «defensa jurídica nacional catalana» denunciara el caos de Rodalies ante la Comisión Europea. El pasado 29 de junio MOVE solicitó a Cassandra datos sobre el caos del transporte ferroviario en Cataluña, teniendo presente que las instituciones europeas consideraban al Estado español como el responsable principal de la seguridad ferroviaria en todo su territorio, tanto por el mantenimiento como por la gestión de la infraestructura, a través de las empresas públicas Adif y Renfe.
La asociación ha entregado a la Comisión Europea un dossier con un análisis de 9.023 incidencias registradas en la red de Rodalies entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Del total, 199 constan como incidencias de severidad crítica, 3.456 de alta severidad, 553 de severidad media y 4.815 de severidad baja. Una información detallada de cada incidente con su origen. Así, 8.923 incidencias provienen de flujos públicos RSS de Rodalies de Catalunya, 91 de comunicaciones de la Generalitat y 9 de otros canales públicos.
Con el expediente abierto, Acció Cassandra deja claro que «no cuestiona que los estados miembros y las autoridades estatales tengan la responsabilidad principal en esta materia». Lo que reclama la entidad es que «la Comisión ejerza sus funciones de garantía del derecho de la Unión cuando hay indicios documentados que pueden afectar infraestructuras transfronterizas e integradas en la red transeuropea». Por otro lado, a través de una providencia, Cassandra ya ha sido formalmente admitida como parte personada en la investigación del accidente ferroviario en Gelida con resultado de muerte que detuvo la totalidad de la red ferroviaria. Las diligencias se siguen en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilafranca del Penedès, plaza número 3.
«Exigencia de respuesta motivada»
El nuevo escrito enviado por Cassandra resalta que la entidad «no pide que la Comisión Europea sustituya a las autoridades estatales en el ejercicio de sus funciones». En concreto, pide que» examine seriamente la documentación aportada, determine las obligaciones europeas aplicables y dé una respuesta expresa y motivada a los puntos planteados». De esta manera insta a la MOVE a «valorar si el Estado español y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria cumplen con sus obligaciones de seguridad y supervisión; a precisar el régimen aplicable a los tramos y conexiones del corredor mediterráneo utilizados por Rodalies; a detallar el destino efectivo de los fondos europeos, y a valorar la apertura del examen preliminar previsto en la legislación europea.
