El ruedo ibérico es el título extraordinario de una serie de novelas de Ramón del Valle Inclán, uno de los mejores escritores de la literatura castellana. A pesar de su inagotable flujo de creatividad, que ayudó a forjar el concepto de esperpento, podría haber quedado sorprendido si hubiera pasado esta semana, y también la anterior, en la sede de la Audiencia Nacional, siguiendo el juicio de la operación Kitchen. Cada día ha habido elementos que aportan curiosidades, fenómenos inverosímiles y sorpresas sobre cómo fue este operativo de las cloacas del Estado para robar los «papeles de Bárcenas», es decir, la documentación que tenía el extesorero del PP sobre la financiación irregular del partido.
Un chófer espía y aspirante a policía, un falso cura –y un cura verdadero que hacía de confesor a un ministro–, un cantante, fondos reservados, un tesorero exalpinista, una exvicepresidenta experta en monosílabos, unos servicios de inteligencia que no se sabe bien qué hacen, ataques de amnesia puntuales, grabaciones comprometedoras y policías que delatan presiones para evitar que Mariano Rajoy o el exmarido de Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, quedaran implicados en las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.
Todo ello bajo la contundente pero entretenida batuta de la magistrada Teresa Palacios que, a menudo, lleva el juicio como el director del Concierto de Año Nuevo en Viena. La magistrada ha puesto orden en una vista oral que lo tenía todo para desmadrarse, y más en una semana en la que han desfilado por la tribuna Soraya Sáenz de Santamaría, el exsecretario general del PP Javier Arenas, el hijo de Luis Bárcenas y, posiblemente, el más jugoso de todos los testimonios, el inspector Manuel Morocho: después de su testimonio, en cualquier país normal, se abriría una investigación seria sobre los que limpian las cloacas. Es decir, el escalafón que hay por debajo de la policía patriótica.
«Que no salga Rajoy»
Uno de los testimonios más jugosos de la semana se ha registrado este miércoles por la mañana. De hecho, era uno de los más esperados más allá de la biosfera política. Era el del inspector de la UDEF Manuel Morocho, encargado de la investigación de la Gürtel, es decir, la trama de corrupción del PP que implicó la eclosión de los papeles de Bárcenas. Morocho no ha decepcionado. De hecho, ha declarado como un hombre que está harto de lo que Johan Cruyff definía como «entorno» y ha decidido responder sin tapujos. Directo y claro, el policía ha sentenciado que «hubo una operación policial sin autorización judicial» sobre Bárcenas.
Pero esto solo era el recibidor de su testimonio. El inspector ha remarcado sin rodeos que recibió «presiones» para no incluir el nombre de Mariano Rajoy en los informes sobre los papeles de Bárcenas y que «detectó» maniobras procesales y policiales para «torpedear» sus pesquisas sobre la corrupción del PP y buscar «armas para anular las pruebas». De hecho, ha argumentado que se protegió haciendo el trabajo con «contención» y aportando solo «pruebas sólidas». Una fórmula que también dijo que había usado el primer inspector que declaró sobre el caso, quien aseguró que había puesto a Rajoy en los informes tras investigar con profundidad, porque una afirmación de este tipo «no se puede hacer a la ligera». «En reuniones colectivas, me ordenaron expresamente que no saliera el nombre de Rajoy», ha testificado ante el tribunal.
El inspector ha narrado que el 20 de agosto de 2015 recibió un mail, como investigador del caso Gürtel, con una «cesión de información por parte de la Dirección Adjunta Operativa» de la Policía Nacional, entonces en manos de Eugenio Pino, único condenado por la operación Cataluña. Al abrir el archivo descubrió lo que sospechaba: una operación para investigar clandestinamente no solo a Bárcenas, sino también al grupo de la UDEF que indagaba sobre la Gürtel. Una información que, por otro lado, ha calificado de «irrelevante» pero que, en cambio, ha enfatizado el hecho de que proviniera de la DAO, porque es un organismo de supervisión y dirección, no investigador.
«La bestia negra del PP»
Morocho ha narrado que siempre se negó a investigar a la esposa de Bárcenas y su entorno, así como se opuso a intervenir su teléfono. Una declaración que contrasta con algunos de los policías de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UDACO) que dirigía el comisario Enrique García Castaño, ahora exonerado del caso por enfermedad y uno de los hombres de hierro de la brigada política. Asimismo, cabe añadir que Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP, subrayó el lunes en el tribunal que había sufrido seguimientos, que tuvo que detener a un «falso cura» que quería secuestrarlos o que el mismo gobierno ordenó hacerle la «vida imposible a su padre, a pesar de estar en prisión».
Por otro lado, ha reconocido presiones para que desvirtuara los «papeles de Bárcenas» que estaba investigando por orden del juez instructor que le había ordenado un informe para «determinar indiciariamente la veracidad de los documentos». Además, ha subrayado que la investigación tropezaba y se retrasaba por falta de «conformidad» de los superiores que los retenían «semanas». «Mi jefe de sección me decía que era la bestia negra del PP», ha rematado, para añadir que lo hacían «sentir incómodo» en comisaría dejando entrever que tenía veleidades políticas.
Incluso, ha remarcado que Javier Iglesias, el abogado que ha de testificar, tras un primer intento, y que era el defensor del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, reclamó con un escrito al instructor que fuera retirado de la investigación alegando «parcialidad por una formación política». «Me querían sacar de en medio», ha argumentado. De hecho, ha contado una anécdota, un tanto escabrosa, muy ilustrativa de la situación que sufría. «Eugenio Pino me presentó a García Castaño, y le dijo, este es Morocho; Castaño me miró y me espetó: ¿Tú qué haces aquí si deberías estar muerto?».
La ignorancia y la amnesia de los políticos
Pero además de Morocho, esta semana también han desfilado verdaderos tótems del PP de la época. Cabe destacar, el testimonio de Soraya Sáenz de Santamaría, que más que testificar parecía jugar al juego de quién es, porque solo respondía con monosílabos. La exvicepresidenta llegó a la sala con el reto de las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que la acusaba de utilizar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como si fuera «su agencia de detectives privados» por los indicios que hay de la participación de los servicios secretos en el espionaje a Bárcenas. Un servicio que estaba bajo su control político. Sáenz de Santamaría se quitó las pulgas de encima y aseguró al tribunal que «desconocía si el CNI» hizo seguimientos o vigilancias tanto a Bárcenas como a Villarejo. Asimismo, negó que Rajoy se interesara alguna vez por la operación Kitchen ni que jamás se organizara un «comité de crisis» para hacer seguimiento del caso. De hecho, ha recurrido al comodín de la prensa aseverando que si se enteró fue por los «medios de comunicación».
Por su parte, Arenas respondió a su estilo de caballero andaluz y admitió dos reuniones con Bárcenas, con quien tenía una relación personal por su colaboración «profesional» en el partido. Unas reuniones que aseguró que desconocía si lo había grabado y que si lo hizo, tampoco le daba más importancia, y no le generó «ninguna intranquilidad». El primer encuentro fue una comida en Sevilla, a finales de 2012, tras la publicación de los «Papeles de Bárcenas» y del descubrimiento de sus cuentas en Suiza, donde supuestamente el extesorero del PP iba a practicar alpinismo. La comida se celebró porque quería conocer el alcance de las informaciones porque estaba en plena campaña para las elecciones andaluzas. La segunda reunión fue de ellos dos con Rajoy y la esposa del extesorero. «Una reunión humana de alguien que ha trabajado muchos años en el partido», señaló. En esta línea ha admitido que una vez dejó el cargo le permitieron mantener el chófer y el vehículo del partido. Arenas ha negado saber si se firmó un acuerdo de silencio ante notario entre los dos extesoreros del PP, Bárcenas y Lapuerta. Un hecho que va apareciendo de vez en cuando en el juicio.
El cura, el Guardia Civil y el Proceso
Esta semana también ha testificado Silverio Nieto, sacerdote y expolicía que fue confesor de Jorge Fernández Díaz, imputado en la causa. Nieto, un hombre fuerte en el ministerio, aseguró que le «sorprendió» que el exministro se pusiera en contacto con él por su condición de religioso e interpretó los mensajes como «una situación de desasosiego, de preocupación, de desahogo, de los problemas que esta persona vive». Se refería a un mensaje que recibió sobre unos whatsapps que debía aportar a la Audiencia Nacional. Nieto recibía muchos mensajes, no solo del ministro sino de García Castaño y del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también acusado. Tan importante era este cura que mostró su inquietud por «el espía que el ministerio del Interior tenía en los Mossos».
Pero, además del cura, también ha subido a la tribuna un viejo conocido de Cataluña, el coronel de la Guardia Civil, ya jubilado, Diego Pérez de los Cobos que dirigió las redadas policiales contra los catalanes durante el Primero de Octubre. Entonces era el gestor de los fondos reservados. El oficial del instituto armado se preocupó mucho por hacerse el desentendido de los fondos que recibió la Kitchen, alegando que eso era cuestión de la DAO y que no detectó ninguna irregularidad. Un cura y un guardia civil más unidos por el Proceso que por la Kitchen.
