El caso del Anodí, nombre del sumario del excabeza de la UDEF de Madrid, Oscar Sánchez Gil, a quien encontraron 20 millones de euros emparedados en su casa, continúa abierto y aportando muchas sorpresas. Incluso, reales. Lo demuestra la detención de esta semana del aristócrata y empresario Francisco de Borbón, un primo del rey emérito Juan Carlos de Borbón, ahora prófugo de la justicia. Francisco de Borbón fue arrestado por su presunta implicación en la profusa red de blanqueo que tenía el policía.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional –con la nueva ley, rebautizado como Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. Plaza núm. 1–, Francisco de Jorge, ordenó el arresto del primo del emérito a petición de la fiscalía antidroga. Tras una primera vista y de pasar la noche en el calabozo, el ministerio público pidió al juez instructor ponerlo en libertad a cambio de una fianza de 80.000 euros. Una cantidad que el juez redujo a 50.000 euros, la retirada del pasaporte y las visitas cada quince días al juzgado.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid/Quico Sallés
Sede de la Audiencia Nacional en Madrid/Quico Sallés

Droga oculta en piñas

El juez no solo hizo detener a Francisco de Borbón, hijo Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla, sino que arrestó a tres personas más que podrían estar vinculadas al blanqueo. Entre estos detenidos hay un famoso relojero de Marbella, Tirso Muyo, y Claudia Mireya, que también quedaron en libertad una vez pagadas las fianzas de 60.000 euros y 20.000 euros respectivamente. Queda pendiente la decisión del juez respecto al cuarto detenido.

La fiscalía antidroga considera que los cuatro arrestados formaban parte de una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que dirigían el excabeza de la UDEF en Madrid, y Ignacio Toran, considerado por la policía un presunto capo del narcotráfico con base en España. La detención de Borbón se ha argumentado por su participación en la empresa ET Finetch Europe, una compañía de criptomoneda con sede fiscal en Dublín (Irlanda) pero sin oficina ni trabajadores. Los investigadores consideran que sirvió para blanquear ingresos que procedían de la droga. En concreto, dinero que procedía de la entrada por puertos españoles a través de contenedores marítimos.

Según los primeros informes de la división de asuntos internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), los investigadores encontraron una pista de 25 millones de dólares en diferentes monedas, incluidas virtuales, que serían del exinspector Sánchez, ahora en prisión sin fianza, y de su socio Toran, que la policía admite que había sido su confidente. El hilo conductor fue el teléfono de Eduardo Moreno, un administrador de una de las empresas investigadas, Frumonsa, porque a una de sus naves debía llegar un contenedor de 1.605 kilos de cocaína oculta en piñas, interceptado en 2021 y que la policía relaciona con la trama.

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