El poder judicial español es independiente. Incluso, para algunos, demasiado independiente. Así se ha podido comprobar en la ceremonia de entrega de despachos a los 121 jueces de la 74ª promoción que se ha celebrado este mediodía en Barcelona. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, no ha desaprovechado la ocasión de pronunciar su discurso con dos de sus componentes clásicos: alabar la monarquía española por estar siempre con los jueces y, por otro lado, cargar contra el gobierno español ante una de las bestias negras de los togados, el ministro de Presidencia y Justicia y mano derecha de Pedro Sánchez, Félix Bolaños.

Perelló no ha dejado de criticar la reforma de la justicia o la ampliación del número de plazas judiciales por haberse quedado corta. Asimismo, ha insistido en el hecho de que el poder judicial puede recibir «críticas razonables» pero en ningún caso «injerencias o presiones». En cambio, Perelló, que pronunció parte de su discurso en catalán, ha manifestado y agradecido el apoyo del Gobierno de la Generalitat mencionando la presencia del consejero de Presidencia y presidente accidental, Albert Dalmau, así como haciendo un reconocimiento expreso a la colaboración del consejero de Justicia, Ramon Espadaler.

La  presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y el monarca español Felipe de Borbón, en Barcelona, en la entrega de los despachos a los nuevos jueces/David Zorrakino
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y el monarca español Felipe de Borbón, en Barcelona, en la entrega de los despachos a los nuevos jueces/David Zorrakino

No es suficiente

Perelló ha alertado del «grave déficit de jueces que sufre España». Una situación que “provoca un sobreesfuerzo y sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos”. «Hay 260 plazas judiciales más que jueces”, ha recordado para reprochar al gobierno español que «si se crean plazas adicionales sin aumentar el número de jueces, las plazas vacantes irán creciendo y las dilaciones se incrementarán».

Con una media de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17 de los países miembros del Consejo de Europa, Perelló cree que el incremento aprobado por la Moncloa es solo un parche. Para la presidenta del Tribunal Supremo, la creación de nuevas plazas judiciales “no aborda ni resuelve el problema de fondo” porque el problema es «estructural». Por eso ha pedido, una «convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes” con una planificación realista».

Los nuevos jueces de la 74ª promoción con Felipe de Borbón, la presidenta del CGPJ Isabel Perelló y el ministro Félix Bolaños/David Zorrakino
Los nuevos jueces de la 74ª promoción con Felipe de Borbón, la presidenta del CGPJ Isabel Perelló y el ministro Félix Bolaños/David Zorrakino

Ley de Eficiencia

Por otro lado, ha cargado contra la ley de Eficiencia, la joya de la Corona de los proyectos de Bolaños, que se ha terminado de poner en marcha este mes de enero. Perelló ha criticado que no se ha tenido suficientemente en cuenta a la judicatura cuando debe ser un «actor esencial en las reformas». «El Consejo ha mostrado preocupación por los problemas que conlleva la implantación de la nueva ley de los tribunales de instancia», ha destacado a Bolaños que la escuchaba sentado al lado de Felipe de Borbón.

«Los jueces y magistrados somos los primeros interesados en que la oficina judicial se modernice y sea eficiente, ya que como profesionales, no nos satisface trabajar con retrasos y dilaciones continuadas», ha aclarado. Sin embargo, ha señalado que «estas reformas deben hacerse de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario, contando con los profesionales de la Justicia». «No pueden desconocer el papel principal del juez y, su relación con los procedimientos y la centralidad que la Constitución atribuye a los jueces, como titulares de la función jurisdiccional y los garantes últimos de los derechos de los ciudadanos, es una exigencia estructural del estado de derecho”, ha advertido.

«La trascendencia de nuestra función en la sociedad hace que la Constitución nos reconozca como un verdadero Poder del Estado, un verdadero contrapeso de los otros poderes», ha añadido. Por eso, ha exigido «​​respeto a sus decisiones y a su independencia, que no puede ser menospreciada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que estas pretendan ser». «Son bienvenidas las críticas razonables, pero no los intentos de socavar la confianza de los ciudadanos en los tribunales, que todos los poderes públicos deben promover”, ha concluido.

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