La fiscalía quiere que el Tribunal de Cuentas investigue los 167 millones de euros en pagos indebidos del Departamento de Derechos Sociales denunciados por la Sindicatura de Cuentas, según ha adelantado El Nacional. La petición del ministerio público, cursada el pasado mes de junio, reclama investigar si hay responsabilidad contable en las irregularidades detectadas entre 2016 y 2024. Entre estos pagos hay ayudas de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a jóvenes extutelados.
En su durísimo informe, la Sindicatura de Cuentas criticaba la “falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones” que derivó en “la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos”. La auditoría también enfatizaba que, “durante la fiscalización, la Sindicatura ha observado que había riesgo de conflicto de interés en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a un conjunto de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para cuya actividad no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia, lo que puede comprometer la consecución del interés general en la implementación de la política pública”.
Un sistema de prestaciones desfasado y caótico
La Renta Garantizada y la Ley de Dependencia son las que acumulan un volumen más alto de pagos indebidos, muchos de los cuales no se pueden recuperar porque han prescrito, pero los que más atención mediática han generado son los de la DGAIA, que llevaron a la Generalitat a suprimirla y sustituirla por una nueva que solo se ocupa de la prevención, mientras que la contratación y las prestaciones se han reubicado en otras direcciones del Departamento de Derechos Sociales.
Derechos Sociales culpó las “debilidades estructurales” del sistema de prestaciones de los pagos indebidos y aseguró que trabajaba para resolver los problemas detectados con una “transformación profunda y rigurosa” del sistema. Fuentes de la consejería explicaron que las “recomendaciones del informe confirman un diagnóstico compartido: el sistema de prestaciones presentaba debilidades estructurales en el año 2022” y defendieron que en los últimos tiempos se ha “acelerado” el “giro estratégico” iniciado por el anterior equipo, en la época de Pere Aragonès.
