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Vox no ha faltado a su táctica habitual. La formación de Santiago Abascal ha reaccionado más allá de la vía estrictamente política a la ‘entrevista de Carles Puigdemont en el diario El Mundo, con la que el líder de Junts ha sacudido la campaña del 29-N. Vox ha presentado ante la fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia, firmada por la coordinadora nacional jurídica, Marta Castro, en la que solicita al ministerio fiscal que abra diligencias de investigación para «determinar el alcance jurídico de lo que se pactó en la investidura de 2023 y si constituye un delito».

La denuncia recoge, con la indicación de un minutaje muy concreto, las manifestaciones publicadas en la entrevista en las que Puigdemont reconoce que se alcanzaron acuerdos durante las negociaciones para la investidura que, según Vox, serían «inasumibles para cualquier presidente del gobierno», por lo que entiende que «habrá que explicar detalladamente». También insiste, como argumento incriminatorio, que José Luis Zapatero y Santos Cerdán fueron los encargados de los compromisos adquiridos en nombre del PSOE, por tanto, piden que se les tome declaración.

La coordinadora  jurídica de VOX, Marta Castro/ Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
La coordinadora jurídica de VOX, Marta Castro/ Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Totum revolutum

La formación envuelve las afirmaciones hechas en la entrevista con la situación del presidente español en funciones y candidato del PSOE a volver a ser inquilino de la Moncloa. El escrito presentado, de 15 páginas y al cual ha tenido acceso El Món, señala los posibles delitos que se habrían podido cometer en las negociaciones descritas, como soborno (artículos 419, 420 y 424 del Código penal), tráfico de influencias (artículos 428 a 430 del Código penal), malversación (artículos 432 a 435 del Código penal), prevaricación (artículo 404 del Código penal), coacciones (artículo 172 del Código penal), obstrucción a la justicia (artículo 464 del Código penal), organización criminal (artículos 570 bis a 570 quater del Código penal) y traición (artículos 581 a 588 del Código penal). Vox también reconoce en su denuncia que la sala penal del Tribunal Supremo archivó una querella presentada por el acuerdo de la amnistía, pero argumenta que hay nuevos datos que justificarían una nueva investigación judicial.

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