Uno de los teloneros de oro de las campañas electorales de Pedro Sánchez y Salvador Illa ha sido el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Su presencia –notoria en campañas como la de las elecciones al Parlamento, en las que participó en Lérida, Tarragona y Gerona– se ha echado en falta en las elecciones en Aragón, que se celebran el próximo domingo 8 de febrero. Zapatero no pasa por sus mejores momentos porque en los últimos meses ha pasado a ser una pieza de caza mayor codiciada por la derecha española.
De hecho, no se pueden pasar por alto dos factores clave para entender la persecución al expresidente socialista español. En primer lugar, que Zapatero se ha erigido en un referente del sanchismo –aunque, en un primer momento, ambos no ocultaban sus divergencias estratégicas. Y, en segundo lugar, que ha sido los ojos y la boca de Pedro Sánchez en la mesa de negociación en Suiza con Carles Puigdemont, que ahora ha quedado detenida. En este contexto, la puerta de entrada para buscar las cosquillas al expresidente español ha sido el caso Plus Ultra. La derecha mediática y política española hace gruñir a Zapatero su entendimiento con Puigdemont aprovechando un rescate del año empresarial de 2021.
De Aldama, Ábalos y Venezuela
La presión contra Zapatero ha aumentado, sobre todo mediáticamente, a raíz de la intervención estadounidense en Venezuela y por el caso Koldo. Y han rematado la faena las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, que colabora con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), y las afirmaciones de Víctor Ábalos –hijo del exministro de Transportes encarcelado, José Luis Ábalos– que relacionan al expresidente con el polémico rescate, en el año 2021, a raíz de la crisis provocada por la pandemia, de la compañía aérea Plus Ultra, con 53 millones de dinero público, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Las presiones contra Zapatero han continuado las últimas semanas con la difusión de sus supuestos cobros a través de un asesor de la compañía aérea. Por el momento, la justicia no ha querido abrir diligencias. Por otro lado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía está investigando el rescate, donde sí que está como imputado una figura central del caso, Julio Martínez Martínez, propietario de la sociedad Análisis Relevante SL, de la cual Zapatero era «proveedor principal» con «consultorías globales» que cobraba como «autónomo».
Por el momento, Zapatero ha podido esquivar el primer disparo realizado por una de las fiscalías en la sombra habituales, la asociación ultra Hazte Oír, que presentó una querella contra el exlíder del PSOE por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con su vinculación con Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela. El lunes de esta semana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, archivó la querella por la poca consistencia de los hechos expuestos, su irrelevancia penal y por la torpeza con la que estaba presentada. De hecho, la querella se basaba en la esperanza depositada en el caso Pollo Carvajal, el exjefe de los espías venezolanos que aún debe declarar más sobre actividades supuestamente ilegales de Maduro y que esperaban que implicara a Zapatero.
Plus Ultra
El cerco a Zapatero se inicia a medida que crece el caso Koldo en la Audiencia Nacional y en el momento preciso en que el empresario Víctor de Aldama, que se encontraba encarcelado por el caso Hidrocarburos, decide colaborar con la UCO y la Fiscalía a cambio de salir de prisión y de la reducción de una eventual condena. Será en sus declaraciones donde relaciona a Zapatero con el rescate de Plus Ultra con dinero español y con las presiones que supuestamente recibió el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por parte del mismo expresidente y por parte de Pedro Sánchez. De hecho, De Aldama aseguró incluso que había escuchado una «acalorada y tensa discusión» entre Zapatero y Ábalos desde un despacho que había al lado del que ocupaba el ministro.
Pero hay una declaración que hace levantar las orejas al lobo. Fue el 27 de noviembre pasado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco del caso Mascarillas, que está pendiente de fecha de vista oral. En esta declaración, el empresario apuntó que el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quería que Plus Ultra transportara mascarillas a las islas durante la pandemia. Una petición que enmarcó en presuntas presiones de Zapatero para que se rescatara la aerolínea. Aldama incluso detalló al juez que se negó, porque en esos momentos era miembro del consejo de administración de Air Europa y «le habrían tomado por gilipollas«.
En este contexto, De Aldama subrayó al juez las supuestas «presiones de Zapatero a favor de Plus Ultra» y que entendió después que fue rescatada por la Moncloa. El empresario aseguró al magistrado que le constaba que Ábalos fue presionado para el rescate de Plus Ultra no solo por Zapatero, sino también por Pedro Sánchez. Esta versión fue ampliada por Víctor Ábalos, el hijo del exministro, que en una entrevista pocos días después en Telecinco acusó a Rodríguez Zapatero de hacer «negocio» y «enriquecerse» con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Incluso, detalló que el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, también había sido presionado. Un hecho que negó el mismo Saura defendiendo «la legalidad y el rigor del rescate».
Once de diciembre, detenciones
El once de diciembre pasado el agua comienza a hervir con más vehemencia. La UDEF arresta a Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y CEO de Plus Ultra, respectivamente, por presunto blanqueo de capitales. Una investigación en manos del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo juzgado que investigó y archivó el rescate de Plus Ultra, denunciado en 2023 por irregularidades. Cuatro días después, el diario El Debate publicaba el vídeo de un encuentro entre Julio Martínez y Zapatero en El Pardo, solo 72 horas antes de su detención. La prensa de derechas se aprovechó de ello y comenzó una ofensiva en toda regla para encontrar relaciones concretas entre Martínez y Zapatero.
El mes de enero comienzan a aparecer información de Julio Martínez y su relación con Zapatero y Plus Ultra. Martínez había sido contratado por Plus Ultra para ejercer de intermediario ante cargos de Nicolás Maduro para resolver problemas burocráticos, políticos, aduaneros y administrativos de la compañía –que es española pero con parte de los accionistas venezolanos– así como para encontrar más negocios dentro del sector aéreo. En este sentido, la prensa difundía con fruición que en el registro de la UDEF en el domicilio de Martínez habían encontrado entre 300.000 y 400.000 euros en metálico. Un dinero que el consultor alegó a la policía que provenía de operaciones «familiares» y de una venta de un inmueble que no había declarado a Hacienda.
¿Un testaferro del expresidente español?
Martínez ha negado en todo momento ser el «testaferro de Zapatero» y únicamente ha reconocido que «salían juntos a correr». Ahora bien, sí que ha admitido que lo ha contratado como consultor y lobista por su actividad y su agenda. En concreto, Zapatero facturaba a la empresa Análisis Relevante, de Martínez, «consultorías globales». A través de esta sociedad Martínez también cobró de Plus Ultra gestiones hechas en Venezuela. En definitiva, la persecución se centra en relacionar a Zapatero con el rescate de Plus Ultra a cambio de cobrar estas comisiones a través de la empresa de Martínez. Zapatero ha negado los hechos, pero sí que ha reconocido los trabajos como un «experto en geoestrategia» a raíz de su experiencia y de sus viajes para participar en foros en más de 90 países.
Pero la presión mediática y policial continúa. Por un lado, fuentes cercanas al caso aseguran que la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción continúan las pesquisas y sobre todo han puesto el foco en las facturas –y las tareas que las soportan– emitidas por Zapatero a la empresa de Martínez. El Mundo publicaba este lunes los datos del Registro Mercantil de Análisis Relevante –una empresa sin ningún trabajador–, que muestran cómo Zapatero cobró el 45% de los ingresos de la compañía de Martínez. Es decir, un promedio de 75.000 euros al año desde 2020 al 2023. Ahora la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción continúan las pesquisas y, sobre todo, han puesto el foco en investigar las facturaciones de Zapatero y de la empresa de las hijas del expresidente, Whatthefav, que constaría como una de las contratadas por Martínez. La comisión Koldo del Senado tiene pendiente señalar cita para hacer comparecer a Zapatero y al hijo de Ábalos, y ahora ya se apuntan informaciones de la relación del expresidente con el caso Delcy. La presión continuará.
