Cada jornada del juicio del caso Mercasa constituye un máster de cómo funcionaban (o funcionan todavía) las empresas estatales españolas, tanto internamente como en sus inversiones o ventas al exterior. El gran retraso con la programación de los testimonios en solo cuatro sesiones de vista oral muestra la complejidad de la investigación. Pero sobre todo, enseña la trama que, supuestamente, los 18 implicados articularon para repartirse comisiones a partir de los contratos que un consorcio público español firmaba con Angola, básicamente, para la construcción de un mercado central en Luanda.
De hecho, los tres primeros días declararon solo instructores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y un solo testigo. En resumen, no ha sido hasta la cuarta jornada que han comenzado a desfilar los testimonios clave de la acusación, con directivos de Mercasa que sirvieron a la instrucción para construir el sumario. Unos testimonios que han hecho remangarse a la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional, la magistrada Teresa Palacios, para controlar que ninguno de los interrogatorios del fiscal, de la Abogacía del Estado y de las preparadísimas defensas se pase de la raya. O, por otro lado, que los testigos no se pasen de listos y los analistas de la Guardia Civil no hagan de juez y parte.
La última sesión de esta semana contó con el testimonio de dos directivos de Mercasa, la empresa pública española dedicada a la construcción y gestión de mercados: Pablo González y Macarena Olona, exsecretaria general de Mercasa y conocida mediáticamente como exdiputada y exportavoz de Vox en el Congreso y excandidata de la formación ultraespañolista en las elecciones andaluzas de 2022. Olona, que llevaba muy bien preparado su testimonio, vio cómo la magistrada Palacios la detenía recordando una famosa frase televisiva: «No me lo explique ahora, lo haremos el lunes». De hecho, el testimonio fue un coitus interruptus incriminatorio, con el entendido de que se detuvo su declaración cuando llegaba al meollo de las acusaciones.
Los porcentajes
El primero en pasar por el estrado fue el guardia civil instructor de uno de los atestados más contundentes, el 33/18, que esboza las comisiones que se repartían los comisionistas, los funcionarios y políticos de Angola. Según los informes del instituto armado, la cifra del 3% que ha dado tantos quebraderos de cabeza en Cataluña sería una broma comparada con la del caso Mercasa, con comisiones que llegan al 9,5% del valor total de las adjudicaciones. Uno de los ejemplos explicados por el guardia civil fue el contrato del CLOD de Luanda, el mercado central, por valor de 218.000.000 de dólares, que supuso una comisión del 9,5% que se habría repartido: un 8% para funcionarios y un 1,5% para el principal comisionista y clave de bóveda de la trama, De Oliveira Taveira Pinto, prófugo de la justicia internacional y también en busca y captura por España a raíz de su imputación en el escándalo del caso Defex.
Según detalló el analista de la Guardia Civil, que será perito en otra sesión, estas comisiones del 8% se «disimulaban en las cuentas de los proyectos del CLOD y mediante las siglas ATL (acrónimo de Asistencia Técnica Local) en las actas del consejo de administración de Consorcio Mercasa Incatema Consulting, SL (CMIC), la sociedad con participación pública que lideraba el proyecto. Para completar la operación, se presentaban facturas y contratos con tres sociedades pantalla: SONADI, SOTER y METAB. Unos documentos de asesorías que eran una actividad, según el criterio de los investigadores, «meramente ficticia». En las actas y documentos aportados a la vista oral, se pueden constatar, según la acusación, los porcentajes al detalle, porque hacían constar “gastos comerciales” del 1,5 % y, por las ATL, un 8%. Incluso, los investigadores razonan que la comisión en un principio era del 9%, pero que se añadió un 0,5% para incluir los impuestos que debería pagar Oliveira si compraba regalos o pagaba viajes a los sobornados.
La curiosidad del testimonio fue la presentación de un correo electrónico entre los directivos del consorcio del 12 de mayo de 2012, donde en el asunto se hace constar el concepto «responsabilidad penal». El contenido, para la Guardia Civil, es contundente: «Para intranquilidad de todos os remito artículos del Código Penal referentes al tema de las ATL». Y aportaban el redactado de los artículos 286 y 445 bis del Código Penal de 2003, que determinaba los delitos de «transacciones económicas internacionales y corrupción en los negocios”. Para la acusación, tenían claro lo que estaban haciendo. Tanto es así que las comisiones se cambiaron de nombre y, en lugar de ATL, las rebautizaron como «gastos locales» y las comisiones se fueron reduciendo: pasaron primero al 8,5% y, en las últimas adjudicaciones, al 5%.
«También dije hijo de puta a Rajoy»
Una vez terminó el primer guardia civil, fue el turno de otro oficial del cuerpo, instructor de otro atestado. Un testimonio que fue suspendido por falta de tiempo y que regaló a la vista oral un momento divertido. La magistrada Palacios le pidió disculpas por haberlo tenido toda la mañana esperando y le pidió «si podría» testificar el lunes. El agente, todo atónito por la pregunta, le respondió, con un «claro». Posiblemente, Palacios olvidó por un momento que era un agente de la Guardia Civil y ella magistrada de la Audiencia Nacional, una autoridad suprema para los uniformados. Al ver la cara de sorpresa del guardia civil, la magistrada, con destreza, le añadió: «¡Le preguntaba porque quizás el lunes usted tiene una misión!»
Así, en el tramo final de la jornada, el primer testigo civil en declarar fue Pablo González, director de estrategias y operaciones de Mercasa y hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, condenado por corrupción. Pablo González, investigado en la causa Lezo de corrupción del PP también en la Audiencia Nacional, testificó en presencia de su abogada. González admitió que avisó del talante y de la desconfianza respecto de Oliveira a miembros de la dirección y advirtió que era un «conseguidor que cobraba en negro». Además, detallaba que otros directivos querían aumentar las facturas para pagar comisiones pendientes porque «eso de pagar comisiones se hacía en todas partes». Pablo González aprovechó para restar valor a las conversaciones con su hermano diciendo que la Guardia Civil también había extraído una que decía «Mariano Rajoy es un hijo de puta». Una manera de restar valor a las conversaciones que implicaban a la mayoría de personas que se sentaban en el banquillo de los acusados.
Otro de los testimonios, Tomás Horche, un directivo histórico con plaza en Mercasa desde que entró como becario en 1979, cargó contra las exigencias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde se integraba la empresa pública de mercados. Para Horche, el caso Mercasa nace por la exigencia de la SEPI para que la sociedad de mercados «debía tener más beneficios». Un hecho que, a su parecer, era «francamente imposible», y por eso buscaron conseguidores de dudosa reputación. En el mismo sentido, Macarena Olona comenzó a explicar su inicio como secretaria general de Mercasa el 27 de junio de 2017 y cómo descubrió todo el desorden de facturas y colaboró con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para aclarar todas las irregularidades que encontró a raíz del caso Angola y también en la República Dominicana. Olona, sin embargo, se quedó a medias y ahora el ministerio público espera todo frotándose las manos su testimonio. Solo cabe recordar que Olona es abogada del Estado.
