Setenta y seis personas. Estas son las víctimas por suicidio que se han registrado en los centros penitenciarios de Cataluña entre los años 2018 y 2025. Así lo especifica un denso informe parlamentario, firmado por el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, a petición del diputado de Junts Isaac Padrós, que solicitaba los datos y reclamaba saber cuáles son las políticas de prevención que se llevan a cabo y cómo se gestiona una muerte de estas características.
En este marco, el consejero aporta los datos y aprovecha para hacer una comparación con la población reclusa total de Cataluña. Asimismo, distingue en qué régimen de reclusión se encontraba cada fallecido. En todo caso, Espadaler remarca que, según señala el Programa de Salud Penitenciaria del Instituto Catalán de la Salud (ICS), «la privación de libertad constituye por sí misma un factor de vulnerabilidad asociado al riesgo de conducta suicida».
El consejero también resalta que el programa marco de prevención de suicidios en los centros penitenciarios de Cataluña identifica diversos factores de riesgo específicos, entre los cuales destacan el «cumplimiento de condenas de larga duración, la tipología de determinados delitos y las situaciones de aislamiento derivadas del régimen penitenciario». También aporta datos sobre el cuidado de la salud mental y las políticas incluso arquitectónicas, como una «estrategia integral de prevención» de las conductas suicidas.
76 muertes y un perfil sociológico
En total, el departamento informa que se han registrado 76 muertes por suicidio en los últimos ocho años. Así, detalla que en 2018 se contabilizaron 9 suicidios, de los cuales 7 eran en régimen ordinario y dos, en régimen cerrado y de aislamiento; en 2019, fueron 7 suicidios, 3 en régimen ordinario y el resto en régimen cerrado; en 2020 la cifra de suicidios se disparó hasta los 12 casos, 7 en régimen ordinario y el resto en cerrado; en el año 2021, el dato se redujo a 11, también la mayoría (7) en régimen ordinario; en 2022 se constató el número más alto de casos de la serie con 14, nueve recluidos en régimen ordinario; en 2023, la estadística se quedó en 6, de los cuales solo uno en régimen cerrado; en el año 2024, el dato volvió a subir a 11 casos, 7 en régimen ordinario y en 2025 se redujo a seis casos, en cuatro casos en régimen ordinario.
Con estos datos, el departamento razona que «la concurrencia de casos en un determinado régimen o ubicación penitenciaria no constituye, por sí misma, una evidencia suficiente para afirmar que sea un factor determinante, dada la naturaleza multifactorial de la conducta suicida y la concurrencia de múltiples variables personales, clínicas y sociales». Ahora bien, el departamento sí que hace un análisis del perfil de las víctimas, pero solo del período septiembre de 2024 a junio de 2026. Estas cifras permiten al departamento lo que define como «identificar el perfil sociodemográfico y penitenciario de las personas que se han suicidado».
De esta manera indica que el 86% de las 15 personas internas que se suicidaron en este período eran hombres y la media de edad era de 39 años. Respecto de la situación procesal, el 72% eran personas privadas de libertad cumpliendo condena y el resto se encontraban en situación de prisión preventiva. En cuanto al régimen penitenciario, el 83% estaban clasificadas en régimen ordinario, el 10% en régimen cerrado y el resto en régimen abierto. La media del tiempo de internamiento era de 4,5 años y el tiempo medio pendiente de cumplimiento de condena, de 3,4 años.
Con diagnóstico de salud mental
De las quince muertes por suicidio durante este mismo período analizado, según Justicia seis tenían un diagnóstico de trastorno mental grave, ocho tenían uno no grave y uno no tenía ningún diagnóstico de salud mental. En este sentido, el consejero subraya que, a criterio del Instituto Catalán de la Salud, los diagnósticos de salud mental más frecuentes entre la población penitenciaria son trastornos por el uso de sustancias –principalmente relacionados con el consumo de alcohol y cocaína (72,6%)–, trastornos de ansiedad (45,3%), trastornos del estado de ánimo (41%) y trastornos psicóticos (10,7%).
Es necesario tener presente, sin embargo, que, siguiendo el informe de Justicia, «estos diagnósticos no son excluyentes, dado que una misma persona interna puede presentar más de un diagnóstico». Cabe también destacar un dato: del total de suicidios registrados desde septiembre del año 2024, siete personas tenían activado el Plan de Prevención de Suicidio (PPS) en el momento de los hechos; en los otros ocho casos, este protocolo «no estaba activado porque no se cumplían los criterios clínicos que justifican su activación, atendiendo a la valoración clínica efectuada por el Programa de Salud Penitenciaria del ICS».
