La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha hecho público su posicionamiento de cara a las elecciones españolas del 29-N y ha reclamado al independentismo que centre su actividad en el Congreso de los Diputados en bloquear, denunciar y desestabilizar, descartando absolutamente servir de apoyo a investiduras o presupuestos que perpetúen la subordinación política y económica de Cataluña. Desde el punto de vista de la entidad, «ocupar escaños en Madrid no tiene sentido si sirve para estabilizar ejecutivos españoles».
La organización presidida por Josep Vila argumenta que las últimas décadas han generado una «profunda desconfianza» hacia los gobiernos del Estado, independientemente de su color político, debido a los reiterados incumplimientos de compromisos, la negativa a reconocer el derecho a la autodeterminación, el uso de la represión, el expolio fiscal y las políticas que favorecen la minorización de la lengua catalana. Ante este escenario, la Asamblea subraya que la participación institucional del independentismo solo se puede entender como un instrumento de «confrontación democrática».
En este sentido, el comunicado establece cuatro ejes de acción política: confrontar las políticas y las estructuras del Estado «responsables de la subordinación de Cataluña», denunciar la vulneración de derechos nacionales desde las tribunas y hacer visibles incumplimientos o el expolio fiscal, bloquear iniciativas legislativas y presupuestarias que consoliden la dependencia de Cataluña y desestabilizar políticamente para imposibilitar la gobernabilidad cuando esta se base en la negación de los derechos de Cataluña. La organización puntualiza que estos instrumentos deben aplicarse según la correlación de fuerzas parlamentaria de cada momento, recordando que incluso cuando los diputados independentistas no sean decisivos para una investidura, deben mantener el conflicto visible.
El único pacto posible: hacer posible la autodeterminación
Asimismo, la entidad aclara que facilitar la presidencia del gobierno español «solo sería coherente con el objetivo de la independencia si conllevara el compromiso formal de hacer posible el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña, con un calendario concreto, plazos verificables y las reformas políticas y jurídicas necesarias», rechazando en todo caso que las concesiones sectoriales puedan sustituir este objetivo. Finalmente, la Asamblea concluye que esta línea de trabajo no supedita la estrategia soberanista a un nuevo pacto con el Estado, sino que parte de la constatación de que Madrid se niega a reconocer el derecho a decidir. «La preparación de las condiciones para hacer efectiva la independencia, fundamentada en el mandato democrático del 1-O, no queda suspendida ni condicionada a la espera de una nueva respuesta española», subraya la entidad.
