Después de más de un año de trabajos y sesiones, la comisión de Investigación del Congreso de Diputados sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 ha finalizado su labor. De hecho, las comparecencias y las aportaciones de documentos y estudios terminaron este martes con el testimonio del responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las comarcas gerundenses durante los atentados. Una comparecencia que, como es habitual en este tipo de testimonios, se ha de interpretar más por lo que no dijo que por lo que aceptó y escudándose en la ley de secretos oficiales cuando los portavoces como Pilar Calvo (Junts), Francesc Marc Àlvaro (ERC) y Jon Iñarritu (EH Bildu) formulaban preguntas incómodas.
Con los deberes hechos, ahora la secretaría de la comisión ha instado a los diputados a abrir un plazo hasta el 9 de junio al mediodía para la presentación de las conclusiones. Unos escritos absolutamente imprescindibles para poder elaborar el dictamen de los trabajos de la comisión que se deberán votar. De hecho, estas conclusiones se pueden consensuar entre los grupos.
El trabajo de la Comisión ha servido para aportar diversos puntos de vista, tanto policiales, como jurídicos, policiales, periodísticos, técnicos, sociales, y políticos y de las víctimas sobre los atentados, la constitución de la célula yihadista de Ripoll y la figura del imán Abdelbaky Es Satty, considerado el cerebro de los atentados. La comisión ha vivido en paralelo con el tramo final del proceso judicial que terminó con la desestimación del recurso de amparo por parte de Javier Martínez, padre del pequeño Xavi asesinado con tres años en la Rambla, ante el Tribunal Constitucional y la inadmisión de la demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea (TEDH) alegando la vulneración del derecho a saber la verdad.
Una multitud de documentos y cambio en el relato
Aunque el proceso judicial tramitado ante la Audiencia Nacional ya fijó una verdad material, la comisión ha servido para cambiar el relato oficial impuesto. En todo caso, para poner en duda la eficacia de la coordinación de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia. También ha sido clamoroso el protagonismo que ha tenido la figura del imán de Ripoll, que a trompicones y con una presión inédita por parte de los grupos parlamentarios de Junts y ERC al PSOE han conseguido la desclasificación de los documentos que acreditan su relación con los servicios secretos.
Asimismo, se ha constatado una investigación sobre su muerte con varios vacíos y dudas que enturbian la versión oficial y las gestiones del gobierno español para facilitar que permaneciera en el Estado español a pesar de tener una orden judicial de expulsión. Un primer debate que tendrán los grupos en sus conclusiones es discernir si el hecho de que los servicios de seguridad decidieran desentenderse del imán fue más bien por negligencia o bien una temeridad. De aquí al día 9 de junio los grupos afilarán el lápiz.
