En diciembre se cumplieron dieciocho años de la manifestación por las infraestructuras que sembró la semilla del independentismo masivo. Después vino la sentencia del TC que destrozaba lo que quedaba de un Estatuto parido con esfuerzo por una amplia mayoría en el Parlamento de Cataluña y recortado por el Congreso. A pesar del enojo que había dejado la «rebaja» que el PSOE pasó en la cámara española para el Estatuto, que tenía los votos del PSC en la cámara catalana, la ciudadanía lo refrendó. Y la frivolidad de los magistrados del TC, con la arrogancia de la Abogacía del Estado que unos meses antes había intentado impedir la consulta de Arenys, encendieron la mecha.
El independentismo que siempre había existido y siempre había sido castigado –por ejemplo, con las detenciones de la operación Garzón de 1992– dejó de ser minoritario. Llegaron el Procés, el 1-O y la represión con la que respondió el Estado, que aún no ha terminado. Pero el independentismo no ha vuelto a los círculos reducidos de donde salió en 2007.
Dieciocho años después de aquella manifestación impulsada por la Plataforma por el Derecho a Decidir y de una movilización que fue creciendo, las infraestructuras no solo no han mejorado, sino que están peor que nunca. Y la crisis no es solo en Rodalies. El AVE, estrenado entre 1992 –Madrid-Sevilla– y 2008 –Madrid-Barcelona–, también está colapsado y con problemas graves que posiblemente se descubrirán como uno de los factores relacionados con la tragedia de Adamuz, que ha provocado 42 muertos. Durante muchos años, el Estado desatendió la red ordinaria y dedicó todos los recursos a una alta velocidad faraónica, y luego no ha invertido lo suficiente para mantenerla. Ahora todo funciona mal, hasta el punto de que la infraestructura es demasiado frágil para garantizar la seguridad de los trayectos. Ya no son solo los retrasos en Rodalies. Ahora, los pasajeros empiezan a sentirse inseguros después de dos descarrilamientos con muertos en tres días.
Racionalmente, el pánico no tiene sentido: los accidentes ferroviarios graves son escasos. Pero la confianza en los servicios básicos, que es lo mínimo que se puede exigir a un estado que se reivindica como moderno y como una «democracia plena», se ha roto. Los catalanes están peor que en 2007 en materia de infraestructuras y entretanto les han apaleado, literalmente. España es una ruina y se derrumba con Cataluña dentro. Es tarea de los catalanes hacer algo al respecto.
