Un macrooperativo de los Mossos d’Esquadra en toda Cataluña ha permitido localizar cobre robado en infraestructuras ferroviarias en cinco de las veintinueve chatarrerías inspeccionadas. Según el balance hecho público este jueves por la tarde, en cuatro de los casos el material robado era de ADIF. En Figueres, se han incautado 160 kilogramos de cobre de catenaria; en Barcelona, 4,5 kilogramos de cable de cobre posiblemente de ADIF, y en Lleida se han comisado 2.000 metros de cable de ADIF y se han precintado 19 contenedores más con cobre limpio.
Las inspecciones se han realizado por la mañana y se han desplegado unos 200 efectivos entre diferentes áreas de la policía catalana y técnicos de ADIF, Inspección de Trabajo y la Agencia Catalana de Residuos. El dispositivo forma parte del Plan Vía, que se puso en marcha en julio de este año para dar respuesta a los robos de cobre en la red ferroviaria catalana, y ha sido el primero que se ha realizado en un día en todo el país. Los Mossos subrayan que el objetivo es «reforzar el control sobre los canales de comercialización del cobre y dificultar que este material pueda introducirse en los circuitos legales de compraventa». También se busca intensificar el control de actividades susceptibles de facilitar la comercialización de material robado, especialmente cobre procedente de robos que afectan infraestructuras estratégicas y servicios esenciales, como la red ferroviaria de Cataluña.

Denunciados tres gestores de residuos
Además del material robado que se ha recuperado, se han denunciado tres gestores de residuos metálicos en Benissanet (Ribera d’Ebre), Igualada (Anoia) y Talarn (Pallars Jussà) por no disponer de la habilitación correspondiente para ejecutar esta actividad. Además, la policía catalana ha interpuesto 31 denuncias, de las cuales dieciséis han sido por omisión de la realización de comunicaciones obligatorias y quince por denuncias por infracciones medioambientales. Por su parte, Inspección de Trabajo ha levantado seis denuncias y varios requerimientos para comprobación documental.
Los establecimientos inspeccionados se han elegido a partir de criterios policiales. En algunos, ya se habían detectado «irregularidades administrativas o indicadores de interés policial», mientras que en otros se han realizado controles preventivos sin antecedentes previos. Es decir, lo que se buscaba era obtener una visión global del sector, detectar nuevas dinámicas y reforzar el efecto preventivo, con la doble finalidad de dificultar la venta y la introducción al mercado legal del cobre robado, y conseguir «información sobre materiales, personas, vehículos, empresas intermediarias y posibles actividades irregulares que permita orientar futuras investigaciones policiales», explican los Mossos.

Según la policía catalana, el incremento de los robos está relacionado con el aumento del valor del metal, su demanda global y la facilidad para introducirlo en el mercado legal una vez robado. Para los Mossos, los gestores de residuos se convierten en «un actor clave para dificultar la salida al mercado de este material y reducir la rentabilidad económica de esta actividad delictiva».
Cuarenta y cinco detenciones en tres meses
Desde el comienzo del Plan Vía, el pasado julio, los Mossos han realizado cerca de noventa inspecciones a establecimientos de compraventa de residuos y se han reunido con 120 empresas gestoras de residuos para reforzar los mecanismos de colaboración y prevención ante esta problemática. También se han efectuado cuarenta y cinco detenciones, el doble que durante el mismo periodo del año anterior. Las actuaciones policiales han conllevado, como mínimo, dos ingresos en prisión y la adopción de varias órdenes de alejamiento de la red ferroviaria.

