Los comités de empresa de Renfe y Adif han acordado este lunes convocar siete días de huelga en el servicio ferroviario de todo el Estado español para protestar contra las implicaciones del traspaso de Rodalies. Consideran que el cambio de gobernanza es una «privatización encubierta» del transporte de mercancías mediante la creación de una nueva sociedad controlada por la compañía logística MSC: «Para facilitar esta transición, se permite el deterioro de la empresa pública mediante acciones como no concurrir a contrataciones nuevas de carga de trabajo, obstaculizar la tarea de los comerciales en la captación de clientes y bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión«, señalan los sindicatos del sector. Tal como han señalado CCOO, UGT, la CGT, la Confederación Intersindical-SF y el SCF -que componen los comités de empresa de Renfe y Adif- a través de un comunicado conjunto, las movilizaciones convocadas para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo y 1 y 3 de abril responden al «incumplimiento» por parte del Ministerio de Transportes, en manos de Óscar Puente, de los acuerdos alcanzados en 2023 para desconvocar las protestas contra el traspaso del servicio.
El anuncio de estas siete nuevas jornadas de huelga llega después de un fin de semana marcado por el caos ferroviario que se ha producido en el Camp de Tarragona, especialmente en las líneas R2 sur y R4. Un caos, sin embargo, que también se ha reproducido esta misma mañana en la estación de Cunit, donde se han producido grandes aglomeraciones en el servicio y convoyes que circulaban con retraso. Estas incidencias, según ha detallado la misma operadora ferroviaria, son provocadas por la «conflictividad laboral» en protesta por el traspaso del servicio a una empresa mixta participada por el gobierno español y la Generalitat. Desde los sindicatos de maquinistas, sin embargo, aseguran que la argumentación de Renfe es completamente «falsa», y atribuyen el caos en el servicio de trenes a un «error de coordinación» entre administraciones.
Un largo conflicto enquistado
Tal como recuerdan los sindicatos, el 23 de noviembre de 2023 desconvocaron la huelga prevista entonces tras alcanzar un acuerdo que garantizaba que Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías, que se preservaría la integridad de las plantillas en las dos empresas públicas y que se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar «soluciones consensuadas» a los retos del sector: «Los Comités Generales de Empresa consideran que estos compromisos han sido vulnerados tras la última reunión con el Ministerio, celebrada el 17 de febrero, en la que se anunció la exclusión de la línea R1 de la Red de Interés General. Además, se comunicó la creación de una empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif», señalan. En este sentido, los sindicatos denuncian que no han jugado ningún papel en la toma de decisiones sobre el cambio de gobernanza del servicio, lo que ha agravado su malestar: «Estas medidas suponen una ruptura total de los acuerdos previos, dado que las soluciones adoptadas por el Ministerio en coordinación con la Generalitat son diametralmente opuestas a lo que se ha pactado», remarcan.
En cuanto a los acuerdos con el ejecutivo catalán en materia ferroviaria, las organizaciones sindicales denuncian que ni la Generalitat ni la Moncloa tienen intención de mejorar el funcionamiento del servicio, sino aumentar «el coste que recaerá sobre los ciudadanos»: «Se quiere duplicar la estructura societaria con un nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública. Esta duplicidad afectará también a las economías de escala en la compra de trenes, materiales, instalaciones de circulación y seguridad, formación y habilitaciones», advierten los sindicatos en este mismo comunicado conjunto. De hecho, recuerdan que el traspaso de Rodalies no es, en absoluto, una novedad, ya que la Generalitat ya tiene competencias de Rodalies desde el año 2010, pero que hasta ahora no las «ha ejercido plenamente»: «El marco actual permite gestionar y mejorar el servicio manteniendo como operadores a Renfe y Adif, un modelo similar al de la sanidad catalana, donde diferentes centros sanitarios sin titularidad de la Generalitat prestan servicio público dentro del SISCAT», señalan.
El PSC cierra filas por el traspaso de Rodalies
Ante el anuncio de nuevas protestas contra el traspaso de Rodalies, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha querido cerrar filas con el Gobierno sobre el cambio de gobernanza del servicio y ha asegurado que el traspaso no tendrá «ningún impacto negativo» en los derechos laborales de los trabajadores afectados, ya que el ejecutivo de Salvador Illa trabajará conjuntamente con las organizaciones sindicales. En rueda de prensa, sin embargo, Moret ha admitido que el proceso es «complejo» y «necesita sus tiempos y muchos procesos de negociación» para dar un «paso adelante estratégico». En esta línea, la portavoz socialista también ha querido dejar claro que los acuerdos de las comisiones bilaterales demuestran que la relación con ERC «avanza», lo que es un ejemplo de la «consolidación» del traspaso.
Mientras los socialistas defienden el cambio de gobernanza del servicio, la oposición del gobierno de Salvador Illa continúa presionando con Rodalies: «Renfe es el brazo ejecutor de la humillación del Estado a los catalanes», ha remarcado el diputado juntaire Salvador Vergés desde Cunit en declaraciones a medios, donde también ha cargado contra el traspaso pactado entre el PSC y los republicanos, el cual el dirigente juntaire ha calificado de «insuficiente». Desde su punto de vista, «falta organización para asegurar una movilidad justa y sostenible para los territorios del sur de Cataluña» y ha advertido que «la precariedad continuará» durante los próximos meses -ahora, coincidiendo también con las nuevas jornadas de huelga: «El Gobierno debía aportar soluciones y no hemos visto ni Gobierno, ni soluciones», ha exclamado Vergés.
