La Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1 ha reclamado a la nueva consejera de Derechos Sociales e inclusión, Mònica Martínez, reducir las ratios de todos los centros residenciales para gente mayor, independientemente de su gestión -es decir, tanto públicos como privados. Desde la coordinadora consideran que las ratios se tendrían que situar en un cuidador por cada cuatro residentes en los turnos por la mañana y tarde y en un profesional por cada manantial al turno por la noche, puesto que son unos parámetros aprobados «tres veces por el Parlamento», pero que el Gobierno, ahora en manos de Salvador Illa, todavía no ha aprobado. A banda, la entidad que reúne familiares de residencias también considera que habría que flexibilizar los horarios de los centros para adaptarlos a las necesidades de los residentes.
Actualmente, tal como recuerdan desde la coordinadora, estas ratios varían en función del tipo de centro, de forma que a las públicas de gestión directa -es decir, íntegramente gestionadas por la Generalitat- hay 1 gericultor para cada 7 residentes, mientras que las públicas de gestión privada, y a las cuales se aplica la Cartera de Servicios de 2010, hay 1 gericultor para cada 10 residentes. En cambio, en cuanto a las residencias privadas con algunas plazas concertadas por la consejería -es decir, donde la administración catalana sí que tiene un poco de mano-, desde la coordinadora lamentan que el Gobierno «permite incumplir la Cartera de Servicios no solo en cuanto al número de gericultores, sino también en el que respeta en las horas de atención a los residentes que presta el personal técnico».
«Discriminación sanitaria» a las residencias de gente mayor
Desde la coordinadora de familias también denuncian que, actualmente, se está produciendo «discriminación sanitaria» a las residencias de gente mayor. Consideran que, a estas alturas, la administración catalana establece «tres clases sociales» de residentes dentro de los centros, cosa que «vulnera el principio de igualdad y no discriminación, porque todas las personas tienen las mismas necesidades de cura y atención». Es por eso que consideran que la consejería tiene que modificar el reglamento actual que rige estos centros y paliar la «rígida organización y horarios establecidos por las empresas gestoras de estos centros», puesto que obligan a los residentes a no tener «ningún margen de decisión sobre cómo quieren vivir la última etapa de su vida, ni ninguna continuidad a las aficiones e intereses, el que vulnera el derecho a decidir sobre la propia vida».
