La pandemia de la Covid supuso un antes y un después. Una crisis sanitaria sin precedentes que provocó enormes estragos que todavía resuenan dentro del sistema sanitario, pero también en las residencias de ancianos, uno de los colectivos más afectados por el virus respiratorio. Cinco años después de la pandemia, sin embargo, la situación en estos centros residenciales sigue empeorando. Lejos de mejorar, según afirman desde el sector, algunos aspectos han empeorado notablemente. Los principales problemas: la falta de personal y el aumento de las listas de espera. De hecho, el último informe de la Síndica de Greuges apunta que durante el 2024 la lista de espera para acceder a las residencias para ancianos se incrementó un 7% en comparación con el año anterior. Este hecho se debe, principalmente, al envejecimiento generalizado de la población: «Cada vez hay más personas dependientes», recuerda en conversación con El Món María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora Familiares de Residencias 5+1, una asociación de familiares de ancianos y con discapacidad que viven en residencias. Concretamente, el 89% de las personas que viven en residencias presentan «una situación de alto riesgo o de máxima complejidad clínica», según cifras de la consejería de Salud.
Para intentar paliar las carencias del sector residencial catalán, el Gobierno ha puesto en marcha la creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (AGAISS), una propuesta que el pasado mes de diciembre superó el debate a la totalidad en el Parlamento. Se trata de una agencia que se comenzó a articular durante la legislatura del expresidente Pere Aragonès, pero que la convocatoria anticipada de elecciones la dejó pendiente. Ahora, con la consejería de Salud encabezada por Olga Pané, el ejecutivo de Salvador Illa ha retomado el proyecto. El objetivo de este nuevo organismo, que debía finalizar su despliegue durante el primer trimestre de este año –siendo estrictos, quedaría una semana de margen–, es coordinar los departamentos que intervienen en la atención integrada social y sanitaria, es decir, el Departamento de Salud y el Departamento de Derechos Sociales, y «priorizar» la atención a las personas en entornos domiciliarios y comunitarios.
A pesar de las buenas intenciones de la administración, la creación de esta nueva agencia no convence al sector: «No cuestionamos la necesidad de crear una agencia, lo que cuestionamos es que para hacerlo sea necesaria la creación de otro organismo, con una estructura de gestión muy importante, añadida a las mismas estructuras que ya existen en Salud y Derechos Sociales», argumenta María José Carcelén, quien considera que los recursos que se destinarán a poner en marcha la nueva agencia podrían destinarse a «mejorar las condiciones de vida de los ancianos y las personas con discapacidad o enfermedades mentales». En este sentido, el presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros Gerontológicos (ASCAD), Andrés Rueda, asegura que la «teoría» del nuevo proyecto «es muy bonita», pero que una vez se traslada del papel a la práctica «ya no tanto»: «El planteamiento de esta integración genera más burocracia», lamenta el presidente de la asociación de directores. Por su parte, la presidenta de la Federación de Entidades de Atención al Envejecimiento (FEATE), Montserrat Falguera, cree que la nueva agencia «será útil», pero desconfía de que pueda resolver todas las carencias actuales: «Estoy alerta por cómo quieren coordinar los dos sistemas [el de Salud y el de servicios sociales], porque realmente solo hay un sistema funcional, que es el sanitario», advierte la presidenta de la federación, quien considera que el sistema de servicios sociales catalán aún está discriminado por parte de la administración e infradotado de recursos.
Los centros de atención primaria, clave para la integración
Para los representantes del sector consultados, uno de los elementos clave para mejorar la integración social y sanitaria en las residencias de ancianos son los centros de atención primaria (CAP). De hecho, para la presidenta de la Coordinadora Familiares de Residencias 5+1, «se ganaría efectividad y eficiencia si la integración se dirigiera desde los equipos de atención primaria en cada territorio»: «Debemos dotarlos de más recursos y más herramientas para que puedan hacerlo», añade María José Carcelén. En esta línea, el presidente de la ASCAD apunta que «potenciar directamente» la atención primaria permitiría mejorar las condiciones de la atención sanitaria de las personas ingresadas en un centro residencial: «Ahora mismo, los médicos asignados a las residencias no tienen suficientes horas para atender a todas las personas. Los CAPs están colapsados y los médicos visitan cuando tienen un hueco», lamenta el presidente de la entidad. «Los ancianos que viven en residencias siempre son los últimos de la fila», concluye Montserrat Falguera.
A la falta de personal de los centros residenciales también se suma una burocracia «excesiva», motivo por el cual el presidente de la ASCAD considera fundamental mejorar los programas informáticos de seguimiento de los residentes. En este sentido, Andrés Rueda denuncia que los trabajadores de las residencias -el personal asistencial- no pueden acceder a los datos de la estación clínica de atención primaria (ECAP), ya que es un sistema de datos al que solo pueden acceder los profesionales sanitarios: «Cada centro tiene su propio programa de gestión de los cuidados para hacer registros y seguimiento, pero estos datos después también se deben incorporar al sistema sanitario. Si no podemos acceder al ECAP para hacerlo directamente [en este momento, solo se puede acceder para hacer consultas], es multiplicar el trabajo, no integrarlo«, añade el presidente de la asociación de directores, quien considera que la administración catalana, en lugar de elegir vías sencillas para la integración, ha elegido el camino más «burocrático» y «complejo».
«La cenicienta del estado del bienestar»
Para Montserrat Falguera, la integración real de la asistencia social y sanitaria y, en consecuencia, la implementación de mecanismos para enfrentar las carencias históricas de las residencias de ancianos, no se logrará hasta que no se dignifique el sector: «Nos sentimos la cenicienta del estado del bienestar», asegura la presidenta de la Federación de Entidades de Atención al Envejecimiento, quien considera que el sistema de servicios sociales del país está «demasiado segregado» e infradotado de recursos. «Hemos superado la visión paternalista que se tenía sobre los ancianos. Ahora ya se entiende que estas personas también tienen derecho a asistencia, pero la maquinaria aún no se ha terminado de adaptar», argumenta Falguera.
Para la presidenta de la FEATE, coincidiendo también con María José Carcelén, otro de los grandes problemas del sector es la privatización de las residencias de ancianos: «Las entidades mercantiles, como Colisée o las empresas de Florentino Pérez [entre otras], tienen el porcentaje más grande de los centros residenciales de Cataluña», asevera Montserrat Falguera, quien reclama más inversión en los centros públicos. En esta línea, la presidenta de la Coordinadora Familiares de Residencias 5+1 denuncia que las empresas buscan hacer negocio con la creación de residencias privadas a cualquier costo: «Dejamos a nuestros familiares mayores en manos de fondos buitre», exclama. Un «nicho de negocio» que consideran que se debería limitar para potenciar el bienestar de los ancianos que viven en residencias incrementando el financiamiento de los centros públicos y dotándolos de más personal, tanto asistencial como sanitario. El horizonte de la consejería es mejorar la situación que se vive en las residencias catalanas con la creación de la AGAISS, pero desde el sector tienen claro que esta agencia, tal como se está configurando, no permitirá paliar de golpe todas las carencias enquistadas.
