Una cuestión de «seguridad pública». Así justifica la consejera de Interior, Núria Parlon, la «restricción de información» sobre cómo los Mossos d’Esquadra utilizan la inteligencia artificial en sus bases de datos o en sus programas espías de rastreo para evitar situaciones de radicalismo violento. En una respuesta parlamentaria, a la diputada de la CUP, Laure Vega, la consejera delimita la información para evitar que los «patrones» que usan los analistas de la Comisaría General de Información de la Policía de la Generalitat. Una información que «podría comprometer la eficacia del instrumento y, por extensión, la seguridad pública».
La consejera detalla que los Mossos d’Esquadra trabajan con una base de datos de terrorismo, creada en el año 2007 y un «núcleo de Información Policial». Pero, si bien tienen estos bancos de datos, insisten en que «no existe ninguna base de datos específica para personas inmersas en procesos de radicalismo violento, así como tampoco se almacenan datos específicos sobre personas en procesos judiciales abiertos». De hecho, informa que «el almacenamiento de datos es independiente de los procesos judiciales».
Dos herramientas
En cuanto a las herramientas o plataformas de análisis de datos, Parlon concreta que los Mossos utilizan dos para extraer y analizar datos. Son las plataformas de análisis Voyager Analytics y Voyager Check. Estas son herramientas desarrolladas por la compañía Voyager Labs, que se basan en «tecnología de inteligencia artificial para analizar datos que ayuden en la investigación de delitos». Estas herramientas fueron adquiridas en el año 2020 mediante los sistemas de contratación sin publicidad y se han renovado dos veces. Se adquirieron a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) por 1.481.785,97 euros, IVA incluido, por el procedimiento de emergencia -sin ofertas y puntuaciones–.
Son dos sistemas que se conocen como «sniffer de redes”. Consiste en un polémico sistema de rastreo de la red que utiliza la inteligencia artificial para obtener y seleccionar millones de datos para “prevenir” un delito. Los Mossos lo tienen con la excusa de la lucha contra el yihadismo, pero sin ninguna garantía de que no se utilice para investigar determinados colectivos o realizar pesquisas prospectivas de otros tipos de delitos. De hecho, «diagraman» varios informes recopilados para extraer conclusiones con diferentes algoritmos de búsqueda y coincidencia.
Hasta aquí podemos llegar
La respuesta de Parlon se limita a decir que los Mossos tienen estos dos sistemas y se niega a dar más información sobre cómo se utiliza, con qué parámetros o qué protocolos por una cuestión de seguridad. «Desde la Dirección General de la Policía se considera que el acceso al resto de información solicitada debe ser restringido más allá de lo que ya se ha facilitado, dado que la divulgación de otro tipo de datos cuantitativos y cualitativos sobre su uso podría comprometer la eficacia del instrumento y, por extensión, la seguridad pública«, justifica Parlon.
La consejera aprovecha la respuesta, y la negativa, para «remarcar que el uso de inteligencia artificial por parte de la policía es una herramienta importante para detectar comportamientos sospechosos, analizar grandes volúmenes de datos e identificar patrones criminales». «Hacer pública la frecuencia de uso de la herramienta y los resultados obtenidos expondría la metodología y técnica de los Mossos para la investigación de delitos», argumenta. La excusa de Parlon es que esta información, en manos de los diputados, «podría permitir la identificación de patrones de uso de la herramienta y disminuir su efectividad, ante la posibilidad de adopción de contramedidas para eludir el funcionamiento por parte de las personas que puedan incurrir en conductas presuntamente delictivas».
Riesgo de reducir la capacidad policial
«Por lo tanto, se reduciría la capacidad de prevención y pondría en riesgo la seguridad ciudadana, incrementando el riesgo de la ciudadanía de sufrir las consecuencias de la actividad criminal», alega la consejera. Además, se muestra convencida de que la «divulgación del uso de estas herramientas podría comprometer la confidencialidad de las investigaciones». La consejera insiste en la idea de que estos datos podrían «dificultar la recopilación de información para la resolución de crímenes o la detección de nuevas amenazas». «En definitiva, la capacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir, evitar o reprimir conductas delictivas podría verse afectada por la publicación de esta información», sostiene la consejera.
En conclusión, Parlon defiende la restricción de acceso a la información sobre el uso de las herramientas Voyager Analytics y Voyager Check porque es «fundamental para proteger la seguridad pública y garantizar la eficacia y seguridad de las operaciones policiales». De hecho, justifica también su posición gracias a la Resolución 355/2025, de 13 de marzo, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, ante una petición al Departamento de Interior y Seguridad Pública sobre estas mismas herramientas, que también la protegió.
