El pasado 20 de noviembre, el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero comparecía en el Parlamento. Con el actual jefe del cuerpo, el comisario Miquel Esquius, el director detalló las prioridades del departamento de Interior. Incluso, enfatizando la urgencia de algunas de las cuestiones que preocupan a la jefatura del cuerpo, dirigida desde la sombra por la comisaria Alícia Moriana y el intendente Toni Rodríguez. Una de las ideas centrales de su discurso fue la «prioridad que supone el crimen organizado». Pero la realidad política vuelve a dejar en evidencia al director, a su jefatura y al mismo departamento de Interior, dirigido por Núria Parlon.
El cuerpo Mossos d’Esquadra, como policía integral en Cataluña, no ha contado para nada en la creación de un nuevo estamento de la alta seguridad del Estado para articular la lucha contra el crimen organizado. En concreto, el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave que depende del poderoso Consejo de Seguridad Nacional, que presiden Felipe de Borbón y Pedro Sánchez, donde se integra el Departamento de Seguridad Nacional, la institución que centraliza toda la seguridad del Estado.
Desde Seguridad Nacional afirman que «este organismo se ha concebido como un órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, al cual corresponde ejercer las funciones asignadas en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave y en el marco del Sistema de Seguridad Nacional». Se puso en marcha el pasado 25 de febrero y los Mossos, policía integral en Cataluña y que tienen en su programa de actuaciones prioritarias la lucha contra el crimen organizado, no participaron. «De hecho, ni nos enteramos», admiten fuentes de Interior. Oficialmente, desde Mossos d’Esquadra, tres días después de preguntar hasta tres veces sobre su no participación, admitieron que no habían asistido. Además, se limitaron a responder con un copy-paste de la composición del Comité enfatizando que el nuevo organismo los «podrá convocar» si lo considera oportuno.
Ni siquiera el plan de trabajo
Según informa el Departamento de Seguridad Nacional, la sesión constitutiva fue presidida por el número dos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. Una sesión que, además de la designación del secretario del Comité, se abordaron «cuestiones relativas a su funcionamiento». Es decir, protocolos internos y sistemas de información y coordinación que de entrada obligan, como mínimo, a una reunión bimestral. De hecho, uno de los puntos de la primera reunión era informar sobre «la evolución de los trabajos del grupo creado para la revisión de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, acordada por el Consejo de Seguridad Nacional, en la reunión del 19 de marzo de 2024».
En este contexto, cabe recordar que la creación de este comité viene de lejos. Se aprobó el 15 de octubre de 2024 en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que presidió Felipe de Borbón. Un acuerdo que no se publicó en el BOE hasta pasado un mes, el 18 de noviembre de 2024. Y hasta más de cuatro meses después no se ha constituido formalmente con representantes de todos los implicados en la seguridad del Estado menos Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, dos cuerpos que tienen competencias de policía integral en sus respectivos territorios. Ahora ni los Mossos ni la policía vasca estarán al tanto de cómo funcionará este comité, al menos de primera mano, a pesar de que la policía de la Generalitat tenga como prioridad la lucha contra el crimen organizado.
«Nos podrán convocar»
Desde Mossos d’Esquadra e Interior se apresuran a remarcar que, según la composición del Comité, los «podrán convocar». Pero su lugar no tiene carácter de silla permanente ni indispensable. Un dato curioso a la vista de la cantidad de representantes institucionales que lo forman. Así, además del secretario de Estado de Seguridad y de un miembro de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, este grupo cuenta con las «personas titulares de la Dirección General de Coordinación y Estudios, de la Dirección del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional, de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, así como por un vocal con rango mínimo de subdirector general de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Secretaría de Estado de Comunicación, que será designado por el titular del ministerio.
En cuanto a la posibilidad de que Mossos participen de manera directa e inmediata, solo se dará cuando el presidente del Comité lo considere oportuno en «función de los asuntos a tratar». En todo caso, los estatutos del comité determinan que solo serán convocados, los titulares de los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, las autoridades competentes de las comunidades autónomas, de las ciudades con Estatuto de Autonomía, de la Administración local, así como de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas cuando su contribución se considere «necesaria y en todo caso, cuando los asuntos a tratar sean de su competencia».
Una inquietud del Estado
La creación de este comité radica en la poderosa Estrategia de Seguridad Nacional de 2021. Un documento que marca el manual de la seguridad del Estado, la contrainteligencia y las amenazas. Es decir, el vademécum de protección del Estado ante las amenazas globales y estatales que los servicios de seguridad e información han detectado. Precisamente, en este documento, se reafirma el Crimen Organizado como una de las 16 amenazas que hay que tener como prioridad. Amenazas y riesgos como el terrorismo, el espionaje, las tensiones regionales, la desinformación o las epidemias.
Siguiendo esta línea consideran que «el crimen organizado es una amenaza a la seguridad que se caracteriza por su finalidad esencialmente económica, su efecto perforador sobre las instituciones políticas y sociales, su carácter transnacional y su opacidad». «Los grupos delictivos y las organizaciones criminales camuflan sus operaciones ilegales con negocios lícitos y tienen el apoyo cada vez más en tecnologías digitales, como las criptomonedas y la Internet oscura», apunta el acta de la primera reunión del Comité. «Además de su dimensión económica, el crimen organizado tiene un potencial desestabilizador relevante», alerta el Comité.
De ahí que remarquen que sus estructuras se adaptan al entorno geoestratégico y repercuten en la gobernanza, la paz social y el funcionamiento normal de las instituciones. La afectación es también a la delincuencia grave, con actividades como la explotación de menores o el tráfico de seres humanos con finalidad de explotación sexual se dirigen hacia los colectivos vulnerables. Pero también el contrabando, el cibercrimen, el tráfico de drogas, las armas y las especies silvestres y la corrupción son amenazas tangibles para la Seguridad Nacional. En Cataluña es especialmente grave la inquietud que genera el potencial que está tomando el tráfico de marihuana, tal como alertó Trapero en la comisión parlamentaria donde exponía los riesgos de la seguridad en Cataluña. «La convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado va en aumento», alerta el Comité que, de momento, no ha contado para nada con los Mossos.
