Golpes de porra por no hacer caso de la «gesticulación con los brazos» de los agentes de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra, la unidad especializada en orden público de la policía de la Generalitat. Así justifica el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, la actuación de la Brimo durante la cumbre francoespañola del pasado 19 de enero a la confluencia del paseo de Gracia con ronda Sant Pere, que fue grabada por varios participantes que se dirigían en manifestación hacia la plaza Sant Jaume en protesta por la reunión entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron.
El consejero responde así una pregunta parlamentaria del portavoz de Interior de la CUP, Xavier Pellicer, sobre una actuación en la cual recibió el entonces vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Pesarrodona. Es más, la pregunta del cupaire también interroga sobre el estado de la investigación interna que se lleva a cabo sobre los hechos. La respuesta es que no hay ninguna investigación cuando, precisamente, el mismo departamento de Interior comunicaba a un abogado de Vic, Cèsar Lagonigro, que habían admitido a trámite su denuncia por la actuación policial de aquel día, donde era el letrado de Osona y presidente de la Asociación de Abogados de Osona en Defensa de los Derechos Humanos.
«No hacer caso de las señales con los brazos»
Según la respuesta del departamento, los hechos por los cuales pregunta Pellicer hay que contextualizarlos en una manifestación en tráfico hacia plaza Sant Jaume que los Mossos querían desviar y en el comportamiento de los manifestantes. «Los hechos se enmarcan en la casuística de diferentes acciones por parte de algunos manifestantes, que intentaron traspasar la línea policial, haciendo caso omiso de las claras indicaciones, verbales y físicas, de los efectivos de la Brigada Móvil, que los indicaban el camino alternativo por donde podían continuar el recorrido, ordenado por el jefe del dispositivo desde el CECOR».
«Atendida esta desobediencia a las indicaciones policiales, los manifestantes acometieron la línea, poniendo en riesgo la seguridad del dispositivo y la de los agentes presentes al lugar», señala el consejero. Así justifica los golpes de porra, los empujones y la carga adelante para variar el sentido de la manifestación. «Los efectivos actuantes utilizaron los recursos legales a su alcance para restablecer la línea policial e impedir que ningún grupo de manifestantes accediera en una zona no autorizada para continuar ejerciendo su derecho de manifestación», resalta. Una decisión que los manifestantes no entendían a la vista de la tranquilidad de la ronda Sant Pere, tajada al tráfico desde la plaza Urquinaona. «En este caso», continúa el documento, «se llevó a cabo la actuación de forma gradual, dando avisos previos, visuales, con gesticulación de los brazos, y verbales por parte de los efectivos de la Brigada Móvil para que las personas concentradas entendieran que había que desviar la dirección de la marcha». Finalmente, la marcha se desplazó por el Portal de l’Àngel, después de las veces, empujones y avance de carga de los agentes.
Sin ninguna investigación, pero todo correcto
«No consta ninguna investigación en curso ni tampoco se ha recibido ningún requerimiento con relación a los hechos a que hacen referencia las preguntas», detalla la respuesta. Es decir, que a pesar de la denuncia interna interpuesta por Lagoniro, el departamento asegura que no lo están investigando, a pesar de que el abogado ya tiene el certificado en que le dicen que han iniciado un expediente interno. Por otro lado, la respuesta defiende el protocolo del uso de la porra –defiende, en lenguaje policial técnico–, regulado en la Instrucción 16/2013, de 5 de septiembre, sobre la utilización de armas y herramientas de uso policial.
En este contexto, recuerda que los Mossos d’Esquadra tienen que saber qué defensa policial se tiene que utilizar para «guardar la distancia de seguridad»; para «realizar una reducción, proyección, prensa o luxación; parar veces; autoprotección; controlar y/o conducir una persona, aplicando un control de luxación y actuaciones relativas al restablecimiento del orden público». Unas características que se recogerían en el caso de la cumbre francoespañola, según Interior.
