El número de menores de 14 años identificados por delitos sexuales se ha duplicado en los últimos 7 años. El 2022, la Generalitat abrió expediente a 1.024 menores de edad de menos de 14 años y, por lo tanto, inimputables, derivados de los Mossos de Esquadra o de la fiscalía por posibles delitos. De estos casos, 103 (el 10%) estaban relacionados con delitos contra la libertad sexual, como abusos, violaciones o la grabación y difusión de imágenes sexuales sin el consentimiento de la víctima. Una cifra que prácticamente se duplica en comparación a la del 2015, cuando hubo 53 menores expedientados, el que suponía un 5,4% de los 975 menores inimputables vinculados a comportamientos delictivos.
Aumentan los casos de ‘bullying’
Los casos de acoso escolar también aumentan en los últimos años. Se ha pasado de los 109 el 2016, a los 171 el 2022, lo que supone un salto del 10% al 16% del total de expedientes a menores de 14 años.
Los datos de la Generalitat apuntan que el 27,3% de los hechos delictivos, con 280 casos (202 de los cuales graves), fueron contra personas. El número, en este caso, baja, puesto que el 2015 se registraron 356 casos, el 36,5% del total. La violencia filioparental llegó a los 28 casos el año pasado, cifra similar a los 30 del 2015.
La mayoría de casos del 2022 fueron delitos contra la propiedad, en que se apuntaron 378 casos, el 37% del total. De estos, 231 fueron robos sin violencia, 102 daños en propiedades y 45 fueron robos con violencia. El 2015, estos hechos delictivos suponían el 52% de los casos, con un total de 509.
La reeducación de la DGAIA
La DGAIA es el servicio de atención a menores inimputables y que se encarga del programa ‘Educando en la responsabilidad’. El objetivo es dar una respuesta desde el sistema de protección a los menores de 14 años que tienen comportamientos que, si fueran mayores de 14, serían considerados como delitos. La actuación de la DGAIA está centrada en una perspectiva preventiva y restaurativa: atención de factores de riesgo de conductas disociales, responsabilización del infractor, reparación del daño a la víctima y restauración de las relaciones sociales rotas por el delito.
El equipo del programa valora el caso y hace un estudio del presunto agresor, así como de su situación personal, social y familiar, para abordar los factores de riesgo que puedan generar conductas disociales en el futuro. Para evaluar la situación familiar se puede citar los padres y el menor y, si es necesario, la DGAIA pone en marcha un acompañamiento educativo terapéutico de un año de duración aproximadamente o, también, se activan los recursos más adecuados para atender las necesidades detectadas cómo, por ejemplo, atención a la salud mental.
En el supuesto de que se detecte una situación de desamparo del menor, la DGAIA asume la tutela y deriva la guarda y custodia a la familia extensa, a una familia acogedora o en un centro residencial.
