Golpe judicial contra el proyecto del Agroparc que la empresa Ametller Origen tenía previsto construir en Gelida. El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Barcelona ha paralizado el inicio de las obras hasta el mes de septiembre, ya que según el auto al que ha tenido acceso El Món no se pueden comenzar las obras del Agroparc hasta que se pueda acreditar que es posible trasladar a un nuevo hábitat a las dos águilas perdiceras (Aquila fasciata) que habitan la zona como medida de compensación. El juez señala que las águilas perdiceras son una especie en peligro de extinción y que, por lo tanto, se debe preservar su supervivencia «ante el riesgo de que las actuaciones urbanísticas comprometan su supervivencia de forma irreversible», y destaca que uno de los fundamentos para detener las obras recae en «la especial protección constitucional que merece una especie catalogada en peligro de extinción y la irreversibilidad de los potenciales daños ambientales en su hábitat crítico«. Según detalla el juez, «la medida adoptada resulta proporcionada y equilibrada, porque salvaguarda el interés ambiental prevalente sin paralizar innecesariamente el conjunto del proyecto urbanístico, y encuentra justificación en la aplicación del principio de precaución que debe regir en materia de protección de especies amenazadas.»
La medida cautelar destaca que las obras proyectadas para este agroparc de la empresa Ametller Origen implican mover cerca de 724.482 m³ de tierras, un volumen «extraordinario de movimientos de tierra» y que equivale «a la dimensión de 290 piscinas olímpicas, y que coincide precisamente con el área de máxima sensibilidad de las águilas (kernel 80%), constituyendo su área principal de caza», un hecho que según el juez «podría comprometer irreversiblemente su área principal de caza».
En el auto al que ha tenido acceso El Món, se señala que también hay una confrontación entre el interés público y el interés ambiental y que prevalece el interés público ambiental porque «hay riesgo de daños irreversibles». El juez no solo destaca esta confrontación de intereses, sino que también señala «la existencia de informes técnicos contradictorios sobre el momento de implementación de las medidas compensatorias, lo cual genera una situación de incertidumbre que aconseja la aplicación del principio de precaución».
El juez, por otro lado, sí destaca que se permitirá ejecutar las obras de urbanización -como las actuaciones relacionadas con la urbanización del sector Can Joncoses- «en las zonas no críticas para las águilas, conforme a las aclaraciones de la Dirección General de Políticas Ambientales, al mismo tiempo que se garantiza la protección efectiva de la especie en tanto no se acredite que las medidas compensatorias han resultado exitosas para preservar su hábitat esencial.»
StopAgroparc celebra la decisión judicial
La plataforma StopAgroparc -que contó con el apoyo de Naturalistes de Gelida, Bosc Verd-EdC y de Unió de Pagesos para presentar el recurso contencioso administrativo el pasado 10 de julio- ha celebrado la decisión del juez y señalan que es «un paso fundamental para la protección de una especie emblemática y vulnerable arraigada a nuestro territorio.» Según el colectivo social la decisión del juez de paralizar parcialmente las obras «permite avanzar en la resolución de los contenciosos contra la aprobación del Agroparc, sin que se produzcan destrozos irreversibles en este espacio natural.»
La plataforma, además, señala que este proyecto del agroparc «tendría un impacto insostenible sobre el agua, el paisaje, la conectividad ecológica, y la movilidad e infraestructuras viales» entre otros aspectos. «Los proyectos deben adaptarse al territorio, no el territorio a los proyectos», sentencian
