La situación de sequía persistente que traviesa Cataluña desde hace más de 37 meses ha llevado las administraciones a buscar la manera de paliar los efectos de la emergencia hídrica y revertir la problemática actual. Para hacerlo, una de las propuestas que puso sobre la mesa era la de trasvasar agua del Ebro, que se encuentra en una mejor situación que los embalses del sistema Ter-Llobregat, hasta el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Esta propuesta, pero, ha quedado como una última bala a la recámara, es decir, una propuesta para actuar cuando la situación sea muy crítica. Ahora el Gobierno ha querido volver a usar el recurso del Ebro, pero esta vez para trasvasarla hasta los embalses de Margalef y Siurana y poder abastecer el riego de apoyo del Priorat.
Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) aseguran que «no han tenido constancia» de esta medida que el ejecutivo catalán ha puesto sobre la mesa. Una versión que choca directamente con la de la consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, puesto que, según las palabras del consejero David Mascort, el organismo estaba al corriente. A pesar de que el Departamento afirmó que la idea era tener terminado este trasvase en los próximos años, desde la CHE explican que la falta de conocimiento es el motivo por el cual no lo han valorado en la planificación del ciclo hidrológico del Ebro 2022-2027.
De hecho, el organismo asegura que por todos estos motivos no se revisará esta cuestión hasta que no se prepare la próxima planificación, a tres años vista. A través de un comunicado emitido este lunes por la tarde, el organismo asegura que todas las obras y cesiones de emergencia que se han hecho en la cuenca del Ebro durante este episodio de sequía han sido «coyunturales y necesarias» y «para episodios concretos», e insta a las autoridades a no querer hacer un uso excesivo de este recurso, puesto que esto pone en riesgo la viabilidad de las reservas del Ebro.
Respetar criterios de sostenibilidad
El organismo ha querido dejar muy claro que las nuevas y futuras actuaciones tendrán que respetar criterios de sostenibilidad «como la garantía del agua, la viabilidad ambiental, y la existencia de derecho y de financiación». Consideran que, si no se tienen en cuenta toda esta serie de cuestiones, «la vulnerabilidad del regadío», que ha quedado constatado con la sequía actual, se verá muy resentido.
