Nueva protesta de las entidades ecologistas de Cataluña. Un total de 14 entidades ecologistas se han unido para solicitar a la Generalitat de Cataluña una moratoria de los planes urbanísticos con riesgo de inundación. En un comunicado, Ecologistas en Acción ha señalado que «más de 700.000 personas viven en zonas inundables, y que el 15% de las zonas urbanizadas están afectadas por riesgo de inundación«, una situación que justifica que la alianza ecologista ya haya solicitado una veintena de moratorias de los planes urbanísticos. Carlos Ballestero, miembro de Entesa per a un gran parc litoral al Besòs, ha criticado -en declaraciones recogidas por la ACN- la doble vara de medir de las administraciones, ya que «ahora se lamentan hipócritamente de las muertes en Valencia por la DANA pero continúan haciendo lo mismo».
Las entidades ecologistas han anunciado la presentación de requerimientos de moratoria para 20 planes urbanísticos con riesgo de inundación entre los cuales están el PDU de las Tres Chimeneas, el del Biopol Granvia, el ARE Ribera-Salines de Cornellà de Llobregat, el Plan de Ponent de Gavà o el Calderí de Mollet. Unos planes urbanísticos de los cuales los ecologistas han alertado que los mismos planes urbanísticos reconocen la existencia de los riesgos de inundación y señalan que la ACA acaba haciendo informes favorables que cuentan con unas medidas de gestión del riesgo que “solo son parches y añadidos superficiales para pasar el trámite”. De hecho, los ecologistas señalan que no se tienen en cuenta las evidencias científicas más recientes y la realidad climática actual.
La clase política, duramente criticada
En la rueda de prensa frente a las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs los 14 colectivos han cargado duramente contra la clase política de quienes dicen se están lamentando “hipócritamente” de las muertes de la última DANA en Valencia a la vez que siguen dando luz verde a los planes urbanísticos en zonas. De hecho, las entidades que han presentado estas 20 moratorias aseguran que las herramientas de cálculo del riesgo de inundación que utilizan las administraciones «se han quedado obsoletas y los datos que ofrecen ni están actualizados, ni coinciden con la realidad», motivo por el cual reclaman una revisión y actualización de estas herramientas.
Las entidades señalan que las administraciones y los políticos deben responsabilizarse de sus decisiones para poder evitar desgracias como la que se vivió en Valencia y han pedido que cargos políticos como la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Josep Lluís Armenter Ferrando, o los alcaldes de los municipios correspondientes actúen en consecuencia ante los problemas que se pueden generar al dar luz verde a estos proyectos. De hecho, los ecologistas han alertado que en caso de que estas personas no respondan ante estas peticiones y se produzca alguna desgracia en la cual se pierdan vidas exigirán “responsabilidades personales en el ámbito administrativo, civil o penal”.
De hecho, las entidades ecologistas no descartan que se produzca una manifestación a principios de año y han hecho un llamado a más asociaciones y plataformas vecinales y ecologistas para que se unan a esta iniciativa.
