El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sentenciado que otra escuela tendrá que impartir en castellano, además de la asignatura de lengua, “al menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular que, por su importancia al conjunto del currículum y su carga lectiva, pueda ser considerada como principal”. La sentencia afecta un alumno de un centro del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) que ya tenía concedida, como medida cautelar, la impartición del 25% de clases en castellano, pero ahora el TSJC confirma la decisión, como ya ha hecho con otras escuelas en los últimos meses, la última el Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme).
Inicialmente, la familia pidió al tribunal que ordenara impartir en castellano al menos el 25% de las horas lectivas, cosa que los jueces expongan que se contradice con la nueva normativa del Gobierno sobre uso de lenguas a la enseñanza, que expresamente fija que no se podrán utilizar proporciones al determinar el idioma de la educación.
Aun así, el tribunal considera que «aunque no se pueda utilizar un parámetro porcentual como pedía inicialmente la parte recurrente«, se tiene que reconocer su derecho que el menor reciba educación en castellano mientras siga escolarizado en el sistema educativo catalán. El tribunal lo califica de «garantía mínima» y aclara que esta orden se extiende en los cursos próximos que el alumno siga al sistema educativo catalán.
Simó denuncia «acoso político» contra la dirección del centro
La consejera de Educación, Anna Simó, ha criticado las «injerencias» del TSJC después de la sentencia en otra escuela para que imparta una asignatura troncal en castellano, además de la asignatura de lengua, y ha defendido la normativa catalana de enseñanza de lenguas. «El TSJC ha vuelto a sentenciar contra el sentido común de la pedagogía, esta vez forzando más horas de castellano un grupo clase de una escuela del Prat de Llobregat», ha afirmado a través de su cuenta en la red social X.
Así mismo, Simó ha recordado que tanto el Parlamento como el Gobierno han regulado sobre la enseñanza de las lenguas y ha insistido que “las interpretaciones judiciales no tienen cabida”. «Vivimos en un país donde los jueces hacen de maestros, de pedagogos e incluso de consejeros de Educación», ha reprochado, y ha lamentado la «intolerable acoso político» que, según afirma, han vivido la dirección y el centro educativo. «Ya me he puesto a disposición para el que consideren conveniente», ha concluido.
