Plataforma por la Lengua reclama en el gobierno español, en manos de Pedro Sánchez, que aproveche las negociaciones europeas posteriores a los comicios del 9-J para repartir los altos cargos de las instituciones para volver a poner la oficialidad del catalán en la Unión Europea. La entidad sin ánimo de lucro asevera que se trata de una cuestión que no puede quedar olvidada en el intercambio de cartas que se produce cada cinco años, y considera que el ejecutivo español tiene que aprovechar las negociaciones actuales para convencer los estados miembro que tienen reticencias -y los cuales se opusieron a la oficialidad en su momento- sobre que el catalán sea una lengua oficial dentro de Europa: «El poder de negociación para conseguir la oficialidad lo tienen, y lo usarían si el que estuviera en juego fuera que el castellano quedara reconocido al mismo nivel que el italiano en la UE o, de lo contrario, quedara en condiciones de inferioridad», espeta Marga Payola, coordinadora de Internacional de Plataforma por la Lengua.
En este sentido, desde la ONG del catalán también recuerdan que los estados miembro que hasta ahora se han mostrado más en contra de aceptar la oficialidad del catalán a Europa son Finlandia y Suecia, dos países en que la izquierda y los verdes han conseguido unos buenos resultados -a pesar de que la derecha, siguiendo la tónica general europea, se ha impuesto-. Es decir, que las fuerzas más próximas ideológicamente a Pedro Sánchez han ganado presencia. La coordinadora de Internacional de Plataforma por la Lengua también ve con buenos ojos que Hungría -quien ha precedido el jefe del ejecutivo español en la presidencia de turno de la Unión Europea- tenga «buena predisposición» para fijar la oficialidad dentro de la agenda europea, pero considera que los responsables finales de conseguirlo son el gobierno español. Gobierno que, de hecho, se comprometió a hacerlo.
Llevar a cabo la votación cueste el que cueste
Marga Payola también cree que el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que llevar a cabo la votación independientemente de la valoración que hagan los servicios jurídicos del Consejo de la UE, que ya se pronunciaron el 2004 sobre la cuestión en un posicionamiento «carecido de cimientos jurídicos», según apuntó la misma ONG del catalán en un informe publicado el pasado mes de diciembre. Es decir, que desde Plataforma de la Lengua consideran que la oficialidad se tiene que poner sobre la mesa y efectuar pase el que pase.
