Plataforma per la Llengua ha reaccionado a la sentencia del Juzgado Contencioso número 15 de Barcelona, que ha condenado al Ayuntamiento de Vic porque cree que pedir el nivel B2 a un trabajador público que hará de operario en el cementerio es “excluyente”. La ONG del catalán considera “inaceptable” esta nueva ofensiva contra el catalán, la atribuye al “supremacismo lingüístico” del Estado español y se ha ofrecido al consistorio de la capital de Osona para recurrir contra la decisión judicial y asesorar en todo lo que haga falta. La entidad presidida por Òscar Escuder considera que esta nueva ofensiva es “un nuevo ejemplo de cómo la justicia trabaja para defender los intereses de los castellanohablantes por encima de cualquier otra consideración”, y, por otro lado, recuerda que le corresponde a la administración organizarse para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
Así ha reaccionado la entidad en defensa del catalán a través de un comunicado, donde replica algunas de las consideraciones que hace el juez. Plataforma rechaza de forma frontal el argumento de que el requisito del B2 genera una “barrera de acceso con efecto excluyente” para la persona que no pueda acreditar el nivel. La ONG considera que la función del requisito no excluye a nadie, simplemente quiere “evitar que trabajadores sin capacidad de hablar catalán puedan acceder a la función pública”. “Y evitar, por tanto, que los ciudadanos no tengan garantizados sus derechos lingüísticos”, subraya.
La organización cree que esta sentencia “solo se explica por motivos políticos, y, en concreto, por el supremacismo lingüístico intrínseco a las instituciones estatales”. En este sentido, apunta que, paradójicamente a esta decisión judicial, “nadie cuestiona ni judicializa el hecho de pedir un cierto nivel de castellano para trabajar en la administración, cuando, evidentemente, exigir que los trabajadores lo dominen también es una ‘barrera de acceso’”. “Esta asimetría en la que unas lenguas son más iguales que otras revela una jerarquía lingüística en la que el castellano sigue siendo tratado como una lengua imprescindible mientras que las otras juegan un rol secundario incluso en su propio territorio histórico”, lamenta Plataforma per la Llengua, y defiende que lo necesario es exigir el catalán “aún en más sectores, para que los ciudadanos puedan vivir en igualdad de derechos”.
Vic y su política lingüística “innovadora”
Finalmente, la ONG del catalán expone que conoce bien el contexto de Vic “puesto que lleva años trabajando estrechamente para impulsar una política lingüística innovadora”. Esta incluye actuaciones para potenciar el uso de la lengua en todos los ámbitos, y van desde las cláusulas lingüísticas en la contratación pública hasta los cursos de sensibilización en materia de derechos lingüísticos para los trabajadores municipales. El Ayuntamiento de Vic, de hecho, forma parte desde el inicio de la red de municipios ImpliCAT, que se han comprometido con la entidad a defender el catalán de manera transversal desde todos los ámbitos de la política municipal. “Los municipios son instituciones clave para hacer avanzar la normalización del catalán en todo el dominio lingüístico”, concluye.
