El Gobierno catalán ha interpuesto un recurso contra la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspende de forma cautelar lo decreto de régimen lingüístico a las aulas que fija el catalán como la lengua «normalmente empleada como vehicular» en las aulas. En el escrito, el Ejecutivo defiende que no hay motivos para dictar las mesuras cautelares contra la norma porque esta no supone un daño para el alumnado. El TSJC decretó la suspensión del decreto para esquivar la imposición judicial del 25% de clases en castellano después de que la entidad españolista Asamblea para una Escuela Bilingüe recorrió la norma.
El recurso argumenta que suspender la norma «no evita ningún perjuicio ni daño irreparable a los interesados, uno de los supuestos que prevé la ley para dictar unas medidas cautelares». El Ejecutivo, a través de un comunicado, remarca que estos perjuicios y daños irreparables tienen que ser «propios y no ajenos», según la doctrina del Tribunal Supremo, cosa que, según el recurso del Gobierno, no ocurre en este caso. Tampoco ha quedado acreditado, aduce el texto, que el daño «sea real y efectivo» respecto al alumnado catalán, porque no se ha aportado ninguna justificación a tal efecto.
Así mismo, el Gobierno recuerda al TSJC que la adopción de medidas cautelares tiene que ser especialmente restrictiva en la hora de suspender disposiciones de carácter general, como la norma impugnada, que despliega normas plenamente vigentes como la Ley de Educación de Cataluña, el Decreto Ley 6/2022 o la Ley 8/2022. En este sentido, defiende que la suspensión cautelar no supone ningún problema respecto a la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos de Cataluña. «Es un procedimiento recogido en el Decreto Ley 6/2022 y que el Departamento de Educación seguirá llevando a cabo, tal como queda reflejado a los documentos de gestión de centro que contienen las instrucciones pedagógicas de inicio del curso 2024-2025», expone.
Un tribunal que «se extralimita»
Así mismo, el Gobierno también se manifiesta contrario a la suspensión cautelar del Decreto entero porque considera que, en todo caso, las medidas cautelares se hubieran podido limitar a artículos donde el tribunal apreciara vulneraciones de derechos. Este recurso ya lo anunció la consejera de Educación en funciones, Anna Simó, cuando el TSJC decidió la suspensión cautelar de la norma. Entonces, Simó defendió que el texto «es impecable» de acuerdo con toda normativa, como también defiende el recurso presentado por el Ejecutivo. Así, no ahorró críticas a los jueces porque considera que la interlocutoria «se hacen apreciaciones que van mucho más allá de las esperables en un tribunal. «Se extralimita en sus funciones como hace tiempos que hace este tribunal”, sentenció. Este recurso no es el único que se ha presentado, Plataforma por la Lengua también ha recorrido contra la interlocutoria del tribunal, y ha emprendido nuevas acciones legales, que detallará esta tarde en una rueda de prensa, por «irregularidades» en el caso.
