Plataforma per la Llengua ha denunciado que el gobierno español discrimina la lengua catalana a pesar de que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha adoptado un discurso más sensible con la diversidad lingüística del estado y se ha reformado el reglamento del Congreso porque se pueda hablar en otras lenguas oficiales. La ONG del catalán concluye en el informe trimestral que «no ha roto definitivamente con la supremacía del castellano» y destaca que durando todo el 2023 se publicaron 192 las normas discriminatorias a instancia de las instituciones españolas, la Unión Europa o las organizaciones internacionales.
La entidad en defensa de la lengua subraya que, en el último trimestre del 2023, el BOE ha publicado hasta 42 nuevas normas legales que refuerzan el castellano y discriminan la lengua catalana. De hecho, el mismo día de la constitución del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, el BOE publicó el Real Decreto por el cual se reestructuraban los departamentos ministeriales. En este sentido, destaca que al del ministerio de Cultura se establecía como misión «la promoción y difusión de la cultura en español» sin hacer ningún tipo de referencia al catalán y el resto de lenguas cooficiales.
El mismo concepto se repetía en el Real Decreto que establecía la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, donde se hacía constar que también mantenía el compromiso prioritario con la lengua castellana. En este sentido, Plataforma por la Lengua resalta que el ministerio de Transformación Digital dispondría «Comisionado Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua» que se centraría en la promoción de la lengua castellana. Además, establecía que el ministerio de Asuntos exteriores tendría una Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Espanyol en el Mundo con una «Dirección General de la Espanyol en el Mundo».
Un PERTE con cinco esos estratégicos que discrimina el catalán
Plataforma per la Llengua subraya que la Alianza para la Nueva Economía de la Lengua dedica una parte de sus fondos a los otros idiomas autóctonos del Estado, pero, aun así, es evidente, que pone el foco en el castellano. La Alianza está vinculada al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), Nueva Economía de la Lengua que solo dispone de dos esos inclusivos de los cinco que tiene: «conocimiento en español y lenguas cooficiales», «inteligencia artificial en español», «ciencia en español», «aprendizaje en español» y «industrias culturales». «De los 1.100 millones de euros destinados a este PERTE, 1.070 son básicamente para el castellano (el 97,3%) y solo 30 son explícitamente para las otras lenguas propias (2,7%)», concluye.
Las previsiones lingüísticas discriminatorias se repiten año tras año
La ONG del catalán concluye que las 192 las normas discriminatorias que se han publicado a instancia de las instituciones españolas durante este año son una cifra muy parecida a las que se han publicado los últimos años con la diferencia que el año pasado durante muchos meses el gobierno español estuvieron en funciones y las Cortes Generales tuvieron poca actividad. El 2022 habían estado 214, y el 2021, 191.
En cuanto a las normas en el ámbito estatal se ha producido un aumento muy significativo en materia de subvenciones y ayudas, un incremento ligado a la aparición de los PERTE, que son los programas de recuperación económica impulsados por el ejecutivo españoles y que son financiados con fondos europeos. De hecho, el último trimestre del 2023, 10 de las 21 normas estatales regulaban ayudas públicas y 7 estaban vinculadas explícitamente a los PERTE. Por otro lado, las normas europeas estaban concentradas en dos grupos: el etiquetado e instrucciones y el funcionamiento de la administración y las relaciones entre administraciones.
