Plataforma per la Llengua recogió en 2023 113 casos en que las administraciones públicas discriminaron usuarios para expresarse o querer expresarse en catalán en alguno de los territorios catalanohablantes del Estado. Lo recoge el informe de discriminaciones lingüísticas del 2023, donde la entidad también confirma que la mayoría de casos conocidos se produjeron en Cataluña, 90 de los 113 (80%). Por otro lado, la entidad atribuye las discriminaciones a una “ideología supremacista de carácter excluyente”. El gremio donde más desprecio se ha podido comprobar es el sanitario, con un total de 59 casos, el que equivale el 52% y de estos 44 en Cataluña.
Las 113 situaciones de discriminación lingüística de 2023 es una cifra similar a la del 2022, cuando los casos fueron 118, pero muy superior a la de los anteriores. En 2021 se registraron 99; en 2020, 52; en 2019, 32, y en 2018, 25. Estas discriminaciones se concretan “en exigencias y presiones de habla en castellano, en dilaciones y obstáculos por el hecho de habla en catalán y en el impedimento de acceder al servicio o a la atención por este mismo motivo”, exponen. Según ha destacado Plataforma per la Llengua, pero, la tendencia al alza se relaciona al aumento de la actividad del servicio de atención de quejas y consultas de la entidad, más que no a un empeoramiento general de las situaciones de discriminación, que muestran, eso sí, que “el problema estructural de desigualdad lingüística que hay detrás de los casos individuales no ha desaparecido”.
El requisito indispensable por Plataforma per la Llengua
Plataforma per la Llengua puntualiza que el hecho que un trabajador público no tenga un requisito individual de conocer el catalán “no lo habilita en ningún caso para discriminar lingüísticamente los catalanoparlantes”, sino que “tienen la obligación de garantizar que, en los territorios en que el catalán es oficial, los usuarios que se expresan en esta lengua reciban la atención”. La entidad considera que “no existen mecanismos efectivos para castigar los abusos lingüísticos” y que “la administración incumple el deber de organizarse adecuadamente para garantizar los derechos lingüísticos”. Plataforma per la Llengua concluye en el informe que la discriminación lingüística a los catalanoparlantes es “una práctica común en el estado español y, concretamente, entre sus trabajadores públicos”.
