La Plataforma por la Lengua ha denunciado administrativamente a la Fundación Puigvert por haber incumplido el convenio con el Servicio Catalán de Salud en cuanto a la lengua. La ONG del catalán ha recibido varios avisos de discriminaciones lingüísticas a través del servicio de quejas, lo que la ha llevado a interponer esta denuncia. La Fundación Puigvert ofrece servicios de salud gracias a un convenio con la Generalitat que fija unas cláusulas lingüísticas que según la Plataforma por la Lengua se han incumplido. La entidad, de hecho, señala que las quejas por discriminación lingüística que ha recibido tienen que ver con la atención a los pacientes tanto oralmente como por escrito.
Por ejemplo, han recibido quejas porque los impresos que se tienen que rellenar para recoger muestras, los documentos para confirmar una cita o los resultados de las pruebas han estado todos escritos en castellano. La Plataforma por la Lengua ha recogido dos quejas de pacientes que han denunciado que cuando pidieron estas comunicaciones en catalán el centro se negó. Uno de los pacientes lo pidió por escrito y el otro solo de forma oral.
La ONG del catalán pide sanciones
La entidad señala que esto supone un incumplimiento de la normativa lingüística en el ámbito sanitario así como de las cláusulas específicas referentes a los derechos lingüísticos que constan al convenio de vinculación en la red de centros de internamiento de utilización pública de Cataluña. Por eso han denunciado la Fundación Puigvert por vía administrativa y ha instado el Servicio Catalán de Salud que requiera a la fundación que cumpla estas cláusulas y abre un procedimiento de inspección para investigar las situaciones de discriminaciones sufridas por los usuarios.
Si la fundación incumple este requerimiento la Plataforma por la Lengua solicitará que se apliquen las sanciones recogidas al mismo convenio. Estas sanciones podrían incluir, incluso, la rescisión del convenio. El ONG del catalán recuerda que este caso en concreto ejemplifica que «no basta de incorporar cláusulas lingüísticas en los contratos o convenios de servicios entre administraciones y empresas» y que habría que establecer «de manera concreta los métodos de seguimiento para cumplir las cláusulas». La entidad pide a las administraciones que sean «valientes» y apliquen el régimen sancionador pertinente.
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