Acció Cassandra, la iniciativa jurídica y ciudadana impulsada por los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell, que lleva la defensa de una clienta de una panadería de l’Estartit después de que la propietaria del local la acuse de acoso y amenazas; ha anunciado la interposición de una denuncia penal contra la empresa General Logistics Systems Spain, S.A, más conocida por las siglas GLS, por un presunto delito de odio tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal, a raíz de un incidente de discriminación lingüística sufrido por Marc. El trabajador de la empresa se negó a entregarle un paquete después de que el denunciante, que representan los abogados, se dirigiera a él en catalán.
Los hechos se remontan al pasado 13 de diciembre, cuando un transportista de la empresa de mensajería se negó a entregar un paquete en el domicilio de Marc después de que este se identificara verbalmente en catalán, ejerciendo su derecho a expresarse en una lengua oficial. El transportista, según consta en la denuncia, arrancó el paquete de manera repentina y abandonó el lugar sin completar la entrega, una acción que Acció Cassandra atribuye al «desprecio hacia el uso del catalán». Esta acción llevó al denunciante a presentar una reclamación formal ante GLS, pero no obtuvo ninguna respuesta satisfactoria.
La denuncia considera interpuesta ahora constata que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio porque «la negativa a prestar el servicio por hablar catalán supone una lesión a la dignidad del denunciante». En concreto, Acció Cassandra remarca que la denuncia hace referencia al artículo 510.2.a del Código Penal, que sanciona acciones que comporten humillación, desprecio o descrédito por motivos de pertenencia a una nación o grupo lingüístico. Además, se plantea la posibilidad de que los hechos también puedan ser calificados de un delito contra los derechos fundamentales (artículo 511) o un hurto, si se confirma que el paquete no ha sido devuelto.
Instan al Juzgado de Guardia de Barcelona que identifique al transportista
La denuncia pide al Juzgado de Guardia de Barcelona que identifique al transportista responsable mediante los registros de seguimiento del paquete, que traslade la denuncia a la Fiscalía especial de Delitos de Odio y Discriminación y reconocer al denunciante como acusación particular en las actuaciones derivadas. Los letrados de Acció Cassandra han expresado que este incidente ejemplifica una vulneración flagrante de los derechos lingüísticos y fundamentales de los catalanes. «No podemos permitir que se normalice el desprecio hacia el catalán en ámbitos tan cotidianos como la entrega de paquetes. Esta denuncia busca establecer un precedente jurídico para proteger nuestra dignidad como minoría nacional», han afirmado.
