Nuevo frente en defensa del uso social del catalán y en uno de los servicios básicos como es la sanidad. Justo la misma semana que el departamento que dirige el consejero Manuel Balcells avanzó un plan de choque para impulsar el conocimiento del catalán entre los profesionales sanitarios, la CUP reclama las cifras sobre el uso de la lengua catalana a Salud, que la cámara catalana espera desde hace dos años. Una reclamación dirigida al gobierno catalán porque los datos que han hecho saltar las alarmas son del Colegio de Médicos.
En este contexto, y a consecuencia de una noticia de El Món sobre el bloqueo del ejecutivo para poder saber el conocimiento del catalán de los sanitarios, la formación anticapitalista ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento. Todas buscan encontrar la cifra de sanitarios contratados —sean interinos o no— a quienes se ha eximido de tener conocimiento de la lengua catalana. Las preguntas se registraron este miércoles con la firma de la diputada cupaire por Tarragona, Laia Estrada.
Un registro y el abandono de los cursos
Estrada pide al gobierno catalán saber si la Generalitat tiene un “registro de los niveles de catalán de los sanitarios” y cuántos sanitarios cumplen con el requisito del catalán y cuántos no. Así como los motivos que han permitido eximirles de su conocimiento. La diputada cupaire también muestra su inquietud por el alto nivel de abandono de los cursos de acogida lingüística. De hecho, indica que sus últimos datos, entre octubre y diciembre de 2020, más del 50% de los sanitarios que empezó uno de los diez cursos, lo dejó estar. De ahí que también reclame los mismos datos de cursos, asistentes y abandonos de los años 2021, 2022 y 2023.
Por otra parte, avisan que el ejecutivo no se podrá escudar en la ley de protección de datos con la información relativa al número de sanitarios eximidos del requisito del catalán, como ya se ha apuntado en otros intentos. De hecho, la CUP entiende que el artículo 2 de la Ley de Transparencia protege el derecho a la información pública por “aquella información elaborada por la Administración y la que tiene a consecuencia de su actividad”.
Más allá de las cifras, la CUP también quiere saber la estrategia concreta de la Generalitat para “garantizar los derechos lingüísticos” de los usuarios y pacientes de la sanidad pública. Así mismo, las medidas previstas ante los casos denunciados de discriminaciones graves o vejaciones a los pacientes para conversar en catalán. En esta línea, también exigen conocer si el departamento hace algún tipo de seguimiento de estas incidencias denunciadas, y cuántas se han registrado durante los últimos dos años.
