La empresa ferroviaria de alta velocidad Iryo, con sede social al País Valenciano, concretamente en Quart de Poblet, ha rechazado incluir el catalán en su actividad a pesar de las continuas peticiones que le ha hecho llegar Plataforma per la Llengua porque «se adecuara» la legislación catalana, puesto que no emite las facturas en catalán, tampoco lo incluye en las cartas de restauración y lo obvia en la señalética de los trenes. Así mismo, pone el ejemplo de un usuario que se puso en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de la empresa para pedirles la factura en catalán, y la respuesta fue clara y contundente: «
La respuesta de Iryo a las peticiones de Plataforma per la Llengua fue alegar que la ley no lo obliga a usar el catalán en su actividad comercial, pero la entidad en defensa del catalán considera «totalmente errónea» la justificación, y resalta «la confusión que tiene esta empresa respecto a los derechos de los catalanoparlantes, a pesar de que la legislación catalana sea muy clara en este sentido». En este sentido, recuerda que el Código de Consumo de Cataluña, en el artículo 128-1, obliga que «las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los otros documentos que hagan referencia o que deriven» sean, como mínimo, en catalán y en el mismo formato que el resto de lenguas que aparezcan.
Además, en el artículo 111-1 indica que los derechos y las obligaciones que establece este código son aplicables en «las relaciones de prestación de servicios entre las personas físicas empresarias que estén dentro del régimen especial de trabajadores autónomos y las empresas prestamistas de servicios básicos y servicios de trato continuado». Y el artículo 251-2 especifica cuáles son considerados servicios básicos: «los suministros, los transportes, los medios audiovisuales de radiodifusión y de televisión, los de comunicaciones, los asistenciales y sanitarios, y los financieros y de seguros». Por lo tanto, la ONG del catalán concluye que Iryo es considerada una empresa que presta servicios básicos y, por eso, «tiene que cumplir con las obligaciones indicadas en el Código de Consumo de Cataluña». «No hacerlo no solo representa una vulneración a los derechos de los catalanoparlantes, sino que también es ilegal», sentenciado.
No dispone de web en catalán
Además de las irregularidades mencionadas anteriormente y denunciadas por Plataforma per la Llengua, Iryo tampoco dispone de página web en catalán, a diferencia otras empresas similares, como por ejemplo Ouigo o Renfe. En este sentido, la ONG del catalán pide a las autoridades catalanas que «actúen ante esta conducta ilegal de la compañía ferroviaria». Más allá de las obligaciones legales, Plataforma per la Llengua considera que la compañía tendría que tener en cuenta «los principios básicos de responsabilidad social empresarial (RSE) y ser respetuosa con el entorno cultural en el cual opera».
