La Sección de Instrucción número 17 del Tribunal de Instancia de Barcelona ha citado a declarar en calidad de investigada a la doctora de la Clínica Diagonal. Así lo ha anunciado Acció Cassandra a través de un comunicado, donde detalla que la facultativa deberá comparecer el próximo 1 de diciembre para responder por una presunta discriminación lingüística a un paciente, Gerard Insa, a quien habría condicionado la atención médica al hecho de que dejara de hablar en catalán. La resolución, notificada esta semana, cumple con la orden de la Audiencia Provincial de Barcelona, que revocó por unanimidad el sobreseimiento inicial del caso al considerarlo prematuro.
Aunque la citación en calidad de investigada no implica ninguna condena ni da por probados los hechos de manera definitiva, Acció Cassandra remarca que la decisión del juzgado de instrucción abre un precedente relevante en la persecución penal de actitudes de catalanofobia en el ámbito de la salud. Lluís Gibert ha destacado la relevancia del caso y de la citación, señalando que se trata del «primer caso conocido en que un profesional médico es citado judicialmente como investigado en una causa penal por haber presuntamente condicionado la asistencia al hecho de que el paciente dejara de hablar catalán».
La entidad subraya que la causa trasciende la mera reclamación administrativa o la vulneración de derechos lingüísticos comunes, para situar el debate en la protección penal ante un posible «trato humillante o discriminatorio contra un miembro de la minoría nacional catalana» en un momento de vulnerabilidad como es una atención médica de urgencia. La resolución, el juzgado ordena tramitar la citación judicial al lugar de trabajo y que se oficie al Colegio de la Abogacía de Barcelona para que le designe un letrado del turno de oficio si no cursa uno privado. Tanto la facultativa como Insa están citados el mismo 1 de diciembre para ofrecer sus versiones ante el juez.
«Si no me hablas en español, no te atenderé«
Los hechos se remontan al 2 de junio del 2025, cuando el paciente acudió a las urgencias del centro de Esplugues de Llobregat por una lesión en el hombro. Según recoge la denuncia, la doctora se negó a atenderlo amenazándolo directamente: «Si no me hablas en español, no te atenderé». A pesar de que Insa aclaró que no exigía que la doctora le respondiera en catalán y que solicitó el cambio de profesional si no lo comprendía, la visita solo se pudo llevar a cabo gracias a la intermediación de su padre, que tuvo que traducir la conversación al castellano. La investigación judicial deberá aclarar ahora si esta conducta encaja en delitos contra la integridad moral, de odio o de denegación discriminatoria de una prestación pública o privada.
Este caso de catalanofobia ha experimentado un giro significativo en la vía judicial. Inicialmente, el juzgado de instrucción optó por el archivo de la causa, una decisión que fue recurrida por la acusación particular, ejercida por la víctima con el apoyo de Acció Cassandra, la entidad liderada por los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell. Finalmente, la Audiencia de Barcelona dio la razón a la defensa del paciente, tumbando el criterio de la Fiscalía –que se oponía a la reapertura– y determinando que no se podía descartar una infracción penal sin antes tomar declaración tanto al denunciante como a la facultativa.
