La Audiencia de Barcelona ha dado un giro en la lucha judicial contra la discriminación lingüística en la sanidad. La sección octava del tribunal barcelonés ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, ejercida por los abogados de Acció Cassandra, y ha revocado íntegramente el archivo del denominado caso Clínica Diagonal. La resolución, dictada por unanimidad y en contra del criterio de la Fiscalía, obliga ahora al juzgado a investigar la denuncia de Gerard Insa, un paciente a quien una médica habría negado la atención médica si no le hablaba en castellano.
La providencia, datada el 30 de septiembre y notificada el 13 de octubre, es especialmente dura con la tramitación inicial del caso. El tribunal censura la decisión del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, que el 30 de julio de 2025 había abierto y archivado la causa en una misma resolución, sin haber practicado ni una sola diligencia de investigación. Según la Audiencia, este cierre fue «prematuro» y vulneró el derecho del denunciante a la tutela judicial efectiva, mediante una resolución «estandarizada» que no justificaba los motivos del archivo.
Citada como investigada y con todas las garantías
A diferencia de la instancia anterior, la sala considera que la denuncia aporta datos suficientes –identificando los hechos, la persona denunciada y un posible testigo– para no descartar de entrada una infracción penal. Por este motivo, la resolución exige al juez instructor «la práctica de diligencias» como tomar declaración al paciente y citar a la médica como investigada para esclarecer las condiciones exactas en que se prestó la asistencia sanitaria y determinar si hay indicios de delito.
Los hechos tuvieron lugar el 2 de junio de 2025, cuando Gerard Insa acudió al servicio de urgencias de la Clínica Diagonal, en Esplugues de Llobregat, para ser atendido por una lesión en el hombro. Según recoge la denuncia, la facultativa se dirigió al paciente exigiéndole: «Si no me hablas en español, no te atenderé«. A pesar de que Insa aclaró que no le pedía que ella se expresara en catalán y solicitó otro profesional si no lo comprendía, la exploración finalmente se tuvo que llevar a cabo con la intermediación de su padre, que se dirigió en castellano a la médica.
La minoría nacional y la vulnerabilidad del paciente
La acusación particular plantea que la actuación podría encajar en delitos contra la integridad moral, de odio y de denegación discriminatoria de una prestación. Aunque la interlocución judicial no da por acreditada la calificación penal ni anticipa una condena, sí fija que es necesario investigar a fondo los hechos antes de decidir el futuro de la causa. Desde Acció Cassandra se enmarca el caso en la defensa de la minoría nacional catalana, alegando que no se trata de una simple falta de atención en la lengua propia, sino de un posible trato humillante motivado por el origen nacional manifestado a través del idioma.
La entidad impulsada por los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell destaca que esta resolución supone un hito de Acció Cassandra, ya que el de la Clínica Diagonal se convierte en el primer caso de presunta catalanofobia sanitaria en que se consigue una orden judicial de investigación. Otros procedimientos similares impulsados por la organización en el Hospital de Granollers, en el Sagrat Cor de Barcelona o en el Banco de Sangre de Palma continúan aún a la intemperie judicial, pendientes de una respuesta inicial.
