«Esto es solo la punta del iceberg». Esta es la advertencia que el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha hecho a los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión de Política Lingüística del Parlamento antes de dar cuenta de una serie de cifras que ponen al descubierto que el número de quejas por discriminaciones lingüísticas no ha dejado de crecer año tras año. Escuder ha presentado los informes correspondientes al ejercicio 2025, con unos datos que muestran un incremento de los casos atendidos y sitúan la sanidad como el principal punto negro de la vulneración de derechos lingüísticos en el sector público: «Sabemos que en la sanidad las cosas van de mal en peor». Además, señala otro factor a tener en cuenta: años atrás, la mayoría de quejas se dirigían contra la administración estatal, pero el peso de las incidencias en la gestión de la Generalitat no ha dejado de crecer. En 2025, el 42% de las quejas generales y el 42,6% de las consideradas específicamente discriminaciones se dirigieron contra la administración de la Generalitat.
El año pasado, un 38,1% de las quejas contra la Generalitat de Cataluña, el Govern Balear y la Generalitat Valenciana recogidas por la ONG del catalán tenían que ver con este ámbito. Igual que 69 de las 75 discriminaciones denunciadas. De estas 69, que representan el 92% del total, 57 se produjeron en Cataluña; 8, en el País Valenciano y 4, en las Islas. Escuder ha señalado durante su comparecencia en la cámara catalana que hay muchos motivos para pensar que la situación del catalán en el ámbito sanitario ha empeorado y ha advertido que «además de suponer una vulneración de derechos lingüísticos, supone un riesgo en la seguridad asistencial». «El caso de la salud es un caso en el que sí sabemos que las cosas están peor y sabemos que las cosas están peor porque nunca se ha hecho cumplir la ley de política lingüística, por lo tanto, llevamos prácticamente 30 años incumpliendo la ley de política lingüística de 1998 en lo que respecta a la sanidad», ha sentenciado.
Según los datos expuestos por la entidad, el servicio de defensa de los derechos lingüísticos que la entidad pone a disposición de la ciudadanía, registró un total de 3.645 quejas en 2025, una cifra que contrasta fuertemente con las 395 que se recogieron en el año 2016. Esto supone un aumento del 822,8% en solo diez años. En cuanto a las discriminaciones graves por parte de las administraciones públicas del Estado, la entidad documentó 176 casos en 2025, frente a los 25 registrados en 2018, dato que representa un incremento del 604%. «El aumento no refleja necesariamente un empeoramiento generalizado de la situación, pero sí indica un descontento lingüístico y un malestar profundo con el estado del catalán y con el trato recibido, que por ahora no tiene una respuesta adecuada», ha advertido Escuder ante los grupos parlamentarios.
La sanidad, un servicio en retroceso lingüístico
La ley de política lingüística obliga a los empleados públicos a acreditar el conocimiento del catalán. Pero el presidente de Plataforma per la Llengua ha advertido que la entidad ha detectado la realización de pruebas de acreditación «fraudulentas» que no aseguran el nivel de idioma requerido. Asimismo, ha apuntado que los procedimientos de urgencia para contratar personal permiten eludir la comprobación del requisito lingüístico. Y, finalmente, según cifras del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, Escuder ha recordado que el 30,9% de los médicos colegiados no hablan catalán y un 13% ni siquiera lo entiende.
La ilegalidad como norma y el marco legal
Uno de los elementos más relevantes del informe es que la gran mayoría de estas incidencias vulneran la legalidad vigente. El 79,5% de las quejas y el 96% de las discriminaciones de 2025 fueron por hechos contrarios a derecho. Aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce la cooficialidad y el derecho de los ciudadanos a relacionarse en catalán con la administración en condiciones de igualdad, la realidad cotidiana muestra una aplicación asimétrica de las leyes. Escuder ha sido especialmente crítico con la pasividad institucional ante los incumplimientos y ha reivindicado la necesidad de actuar con firmeza normativa: «Las leyes, por naturaleza, son coercitivas. Es una tontería esta contraposición que se ha hecho a menudo entre obligación y pedagogía. Nadie se imagina a los Mossos por la autopista siendo pedagógicos si los conductores van a 170 km/h». Por todo ello, el presidente de la Plataforma per la Llengua ha exigido al Gobierno y a las diferentes administraciones que se aplique la legislación existente, se cumplan los requisitos lingüísticos, se forme a los trabajadores y se impongan sanciones cuando se produzcan vulneraciones impunes de los derechos de los hablantes de catalán.
