La escuela de Canet de Mar El Turó del Drac se ha convertido en uno de los principales escenarios de la actuación del españolismo por el catalán en la escuela. Durante el curso 2021/22, el centro de educación primaria del municipio del Maresme vivió un revés judicial que cambió radicalmente el funcionamiento de las aulas: una familia de la escuela solicitó que su hijo de P5 fuera escolarizado en castellano partiendo de la base de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establecía el 25% de castellano en todo el sistema –una resolución que de momento no se aplica de manera general, pero que abre la puerta a peticiones individuales, al menos según el criterio del TSJC. De entrada, la familia del alumno del Turó del Drac pidió legalmente que su criatura, y en consecuencia el resto del alumnado de su clase, fuera escolarizada en castellano en la mitad de asignaturas. Una solicitud que puso en pie de guerra las 27 familias restantes del aula, que recibieron el apoyo del Departamento de Educación, en aquel momento en manos de Josep González Cambray, de ERC.
La familia, pero, persistió hasta conseguir que el TSJC, mientras estudiaba el caso para dictar sentencia, estableciera unas medidas cautelares que obligaban el centro a impartir una asignatura troncal -originariamente prevista en catalán- en castellano. Es decir, que la escuela de Canet se vio forzada a modificar sus planificaciones e impartir una asignatura más en castellano. Ante este embate contra la lengua en la escuela, hubo movilizaciones organizadas por el sindicato de estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y otras entidades independentistas, como Òmnium Cultural, y la administración catalana también reaccionó. Entonces, el españolismo político también tomó partido contra los que protestaban. De hecho, la entonces ministra de Justicia por el PSOE, Pilar Llop, expresó «todo su apoyo» a la familia y se comprometió a estudiar el supuesto «acoso» y las presuntas «amenazas de muerte» que los padres de esta criatura decían que habían sufrido a través de cartas y de las redes. Un acoso, pero, que la entonces alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell, desmintió en declaraciones a El Món.
El TSJC ratifica las medidas cautelares
Casi dos años después de la aplicación de las medidas cautelares sobre la escuela de Canet, el 26 de octubre de 2023, el TSJC pasó de las medidas cautelares a la sentencia para obligar la escuela Turó del Drac a ofrecer una asignatura troncal más en castellano a una alumna de la escuela y toda su clase. Y, este pasado julio, el Tribunal Supremo la ratificó. La justicia estimó parte del recurso de los padres, obligando a hacer una clase más en castellano, pero también decidió mantener el proyecto lingüístico del centro por no establecer porcentajes en la educación. Así esquivaba los últimos cambios normativos aprobados por el Parlamento, que tienen el objetivo de impedir la aplicación generalizada de la sentencia del 25%. De hecho, el TSJC actuó a pesar de que el Tribunal Constitucional no se ha manifestado todavía sobre esta ley improvisada en el Parlamento el 2022. La nueva norma fue consensuada y aprobada en la cámara catalana –con los votos de ERC, Junts, el PSC y Comuns– y el mismo TSJC la llevó al TC, alegando una posible inconstitucionalidad. Hizo lo mismo con el decreto de la Generalitat que concretaba la aplicación de la nueva ley. El alto tribunal español todavía no se ha pronunciado sobre ninguno de los dos textos.
«El TSJC no ha conseguido aplicar el 25% del castellano a todo el sistema educativo gracias a las nuevas leyes. Ahora retuerce los argumentos jurídicos para adjudicarse la capacidad de decidir en qué lengua se tiene que hacer la escuela en casos muy concretos», apuntaba el ex consejero de Educación. Unas palabras bastante similares a las que expresó su sucesora, Anna Simó, que acusó el TSJC de actuar con un «sesgo político inadmisible». De hecho, la misma ex consejera también señaló un error en la resolución judicial que obliga la escuela de Canet a realizar una asignatura troncal en castellano, puesto que recuerda que el concepto de materia troncal «no existe»: «Al TSJC no le importan ni las leyes de educación, ni la pedagogía, ni la sociolingüística», espetó la antigua titular de la cartera.
Las familias y Europa toman partido
Ante la ofensiva del TSJC contra la escuela de Canet, las familias afectadas por esta imposición del castellano a las aulas también han contraatacado judicialmente. De la mano de Òmnium Cultural -que se ha encargado de asesorar los afectados durante todo el proceso-, varias familias del centro presentaron el pasado 19 de septiembre un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la sentencia del TSJC. Un recurso que, tal como aseguraron desde la entidad independentista, tiene como objetivo final escalar el conflicto hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo: «Mantendremos el pulso firme contra un tribunal de parte, que ignora los criterios pedagógicos y se interpone en el poder legislativo para imponer el castellano en las aulas», aseveró el presidente de Òmnium, Xavier Antich, en declaraciones a los medios.
Mientras tanto, la batalla contra la imposición del castellano a las aulas catalanas ya ha llegado a Estrasburgo por otra vía, extrajudicial, porque, esta misma semana, el Consejo de Europa –el órgano del cual también depende el TEDH– ha clavado una puntada al TSJC en el informe publicado por el comité de expertos para la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. El organismo ve con «gran preocupación» la resolución que obliga la escuela a aplicar el 25% de castellano en las aulas. Desde Estrasburgo consideran que es «incompatible» este posicionamiento judicial con los compromisos adquiridos por el Estado español como firmante de la carta, motivo por el cual instan el gobierno de Pedro Sánchez a tomar «todas las medidas necesarias» para revertir la problemática.
En esta línea, el mismo consejero de Políticas Lingüísticas, Francesc Xavier Vila, celebró jueves el informe del Consejo de Europa, durante su primera comisión parlamentaria al frente de la cartera, el posicionamiento europeo, y confió que la justicia española se hará atrás: «Como que el TSJC emitió una sentencia sin tener en cuenta uno tratado internacional vinculante en España, porque está firmado por el monarca, creo que la sentencia del TC dará una visión relativamente positiva en defensa del modelo lingüístico educativo de Cataluña», argumentó el consejero ante las preguntas de los diputados independentistas que participaron en la sesión. Así pues, a la espera de la resolución de la justicia española, la escuela de Canet continúa siendo el tablero de ajedrez de la batalla por el catalán en la escuela, pero se abre un nuevo frente a Europa.
