Los escándalos de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) continúan marcando la agenda política. La sindicatura de agravios de Cataluña ha añadido ahora una voz más a favor de la «revisión» del organismo y del conjunto del sistema de protección infantil. La síndica Esther Giménez-Salinas considera que «todo el sistema ha quedado un poco obsoleto» y que «hace muchos años que se habla de que se debe renovar y hacer las cosas de manera diferente». En una entrevista en Catalunya Ràdio, la defensora ha lamentado que hace «demasiados años» que se habla de cambiar, pero que «no cambia».
La DGAIA está en el punto de mira por un doble escándalo. Una auditoría de la sindicatura de cuentas ha puesto de manifiesto irregularidades contables, financieras y contractuales en este organismo del Departamento de Derechos Sociales. Unas irregularidades que se suman a la presunta trama de prostitución infantil que ha salido a la luz en los últimos días. «Entiendo un tema puntual que pueda pasar, pero no una cosa prolongada en el tiempo», ha dicho sobre el caso la síndica, que teme que estas violaciones sean solo «la punta del iceberg». Hay un «cierto convencimiento» de que las informaciones aparecidas «no son un caso aislado», ha remarcado. La menor tutelada por la DGAIA víctima de una red de pederastia tenía 12 años.
Revisar todo el sistema de protección del menor
La síndica ha pedido ir más allá y comenzar una «revisión profunda» de todo el sistema de protección del menor. Giménez-Salinas ha recordado que crecer en un centro «no es lo mejor para un niño» y ha insistido en la necesidad de trabajar previamente con las familias para que el ingreso sea la «última opción». «No hablo de maltratos o casos muy claros», ha insistido, dejando claro que habla del sistema entero. La defensora ha cuestionado que haya bebés internos en centros -debería estar prohibido, ha dicho- y ha pedido que hasta los tres años estén con una familia de acogida.
La síndica también ha pedido centros más pequeños y con una presencia de educadores más alta. En este sentido, cree que el personal es demasiado joven y muy rotativo, lo que no ayuda a ganar estabilidad. Por otro lado, cree que se deberían agilizar los trámites burocráticos. «Todo es muy lento, tú haces la petición, te acaba llegando, pero todo llega muy tarde», ha sentenciado. Sobre las irregularidades financieras, la síndica ha preferido dejar el caso en manos de la sindicatura de cuentas.
Los escándalos salpican al Departamento de Derechos Sociales, del que depende el organismo, en estos momentos muy cuestionado por unas malas prácticas prolongadas en el tiempo. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido «llegar hasta el final» en el caso de la menor de 12 años prostituida. Illa calificó el caso como «execrable y no aceptable en ningún ámbito, pero menos en una institución pública». El Gobierno colaborará para «llegar hasta el final» con «actitud constructiva», dijo el presidente la semana pasada. Por otro lado, la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha admitido que se necesita «una transformación integral de la DGAIA».
