El Gobierno apuesta para empezar a implementar las tobilleras equipadas con un GPS para poder controlar los presos preventivos y, de este modo, conseguir reducir el número de personas que ingresan en un centro penitenciario de manera provisional. Con esta medida, que testarán a través de una prueba piloto en las próximas semanas, se conseguiría reducir el número de personas que ingresan preventivamente en la prisión a la espera de una sentencia que los condene o los exculpe. Según datos de Justicia, cerca de un 20% de los 8.000 presos que hay en Cataluña son provisionales, es decir, que unas 1.700 personas que se encuentran en la prisión están esperando sentencia.
El Departamento de Justicia ha aprobado este viernes una estrategia que incluye quince medidas para reducir el internamiento y fomentar el tercer grado o semilibertad, los permisos y salidas y la libertad condicional o provisional. El objetivo del ejecutivo catalán con estas acciones es recuperar las cifras de antes de la pandemia, donde un 31,5% de los reclusos estaban en tercer grado o libertad condicional, cifra que ahora es del 25%, cosa que comporta un mayor gasto económico. De hecho, la consejería calcula que cada interno le cuesta a la administración casi 200 euros cada día. Contando con que hay unos 1.700 presos preventivos actualmente y que están en prisión una media de 169 días, unos cinco meses y medio, esto supone un coste global anual de cerca de 55 millones de euros. En cambio, el coste de las tobilleras electrónicas es muy inferior.
El uso actual de las tobilleras
Actualmente, las tobilleras con GPS ya se usan en todas las personas investigadas o condenadas por violencia machista o terrorismo, por lo cual la apuesta de Justicia es extender el uso a otro tipo de delitos y situaciones. Tal como se puede ver a las imágenes, son unas pulseras de plástico de color negro, muy similares a un reloj inteligente, que permiten saber donde es en todo momento la persona que la puerta puesta. Un funcionario la coloca en el tobillo del investigado con una herramienta que impide sacársela sin romperla. Emite una señal GPS que hace que se pueda configurar una área de donde no puede salir la persona vigilada o a la cual no puede acercarse, como podría ser una víctima o una zona donde haya cometido el delito.
En caso de perder la señal, la empresa que se encarga de gestionar el sistema de seguridad hace una llamada de control a un aparato que la persona que puerta puesta la pulsera siempre tiene que llevar encima. En caso de no obtener respuesta, los Mossos d’Esquadra reciben un aviso inmediatamente, puesto que esto supone que la persona en cuestión ha incumplido su restricción judicial.
