La historia de José Álvarez López ha llevado a España a los tribunales. Todo gracias a Teresa Álvarez Miret y Josep Montmany Álvarez, hija y nieto respectivamente de José que, tras un arduo esfuerzo durante más de quince años, han presentado una denuncia contra el Estado español por crímenes de guerra. Una denuncia inédita y atrevida presentada en los juzgados de San Lorenzo del Escorial, donde se encuentra el Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros.
José Álvarez López fue un combatiente republicano que cayó abatido en la batalla del Ebro y fue enterrado en el cementerio de Horta de Sant Joan (Terra Alta). Pero en el año 1959, veinte años después de su muerte, y sin el conocimiento de la familia, José fue desenterrado y trasladado a la basílica franquista del Valle de los Caídos, el mausoleo fascista levantado por prisioneros de guerra y con la cobertura de la Iglesia católica española.
«Hemos pasado un calvario»
Según explican los familiares impulsores de la acción penal, dirigida por el abogado Josep Rosell, han pasado «un verdadero calvario de años y gestiones infructuosas» para solicitar en reiteradas ocasiones el traslado del cuerpo al cementerio de Sants en Barcelona. Una tarea que comenzó a raíz de la aprobación de la ley de memoria histórica. Fue entonces cuando hija y nieto instaron un procedimiento para indagar dónde estaban los restos de José. Tras meses de trabajo, ambos pudieron recopilar «documentación fehaciente» que fue exhumado de manera ilegal.
De hecho, según los términos del escrito judicial, incluso se incumplió el Código Penal franquista del 29, sin conocimiento y, por tanto, sin autorización de la familia. «Sus restos fueron secuestrados en el Valle de los Caídos», sentencian los familiares impulsores del proceso penal por crímenes de guerra. En este sentido, hija y nieto han iniciado una batalla legal para recuperar los restos y paralelamente han iniciado la vía penal contra el Reino de España como sucesor del régimen franquista, de acuerdo con la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado de 1947, que ordenó la exhumación del cuerpo y el traslado al Valle de los Caídos.
Así, la vía elegida por la familia es demostrar que se trata de «crímenes de guerra». De hecho, hija y nieto están convencidos de que lo son. Al fin y al cabo, responde a una hábil estrategia jurídica con la «finalidad de que no se declare prescrita la acción penal, porque el delito de exhumación de tumbas y otros están prescritos y/o amparados por la ley de amnistía del año 77».
Una larga cronología
La ofensiva penal de la familia llega tras un larguísimo camino. Todo comienza el 27 de diciembre de 2007, al día siguiente de la publicación de la ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como ley de memoria histórica, en la cual se establecen derechos y medidas a favor de los que perdieron la guerra. Amparados con esta ley, la familia pidió la localización del cuerpo de José Álvarez López. No fue hasta el 28 de marzo de 2008 que la familia no recibió una comunicación oficial del Valle de los Caídos donde se referenciaba el hallazgo de los restos mortales de José.
El 15 de abril de 2008, la familia contacta con el Valle de los Caídos para solicitar que José sea devuelto para enterrarlo en la cripta familiar. Los impulsores del retorno contactaron con el padre Carlos Mata, fraile benedictino y sepulturero del cementerio del Valle de los Caídos. A pesar de la insistencia, finalmente, el resultado es que no se puede desenterrar a nadie, aunque José Álvarez está claramente identificado. Ante la negativa, la familia continúa el camino procesal, y en el mes de mayo, contacta con Pablo Larrea Villacian, delegado de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para pedir el traslado de los restos. La solicitud es rechazada.
Será en octubre de 2022, cuando hija y nieto contactan con la Generalitat de Catalunya a raíz de la información que tiene la institución sobre aplicaciones de búsqueda de muertos durante la guerra. La Generalitat de Catalunya demuestra tener todos los datos, nombre completo de José y también nombre completo de su esposa. Un dato que verifica, según el procedimiento sobre la localización del difunto. En este contexto, la hija, entonces de 89 años, dona material genético en previsión de futuras identificaciones. El 25 de marzo de 2024, el Ayuntamiento de Horta de Sant Joan certifica que José Álvarez permaneció enterrado en el municipio durante 20 años hasta que fue exhumado y trasladado al Valle de los Caídos. Con toda esta documentación, el pasado 16 de octubre, la familia, finalmente, ha presentado la denuncia penal contra el Reino de España.
