El Tribunal Catalán de los Contratos del Sector Público ha avalado la decisión del Departamento de Interior de desistir del contrato de mantenimiento de los vehículos de los Bomberos. Una decisión del consejero Joan Ignasi Elena, siguiendo los pasos de su predecesor, Miquel Sàmper, ante las irregularidades detectadas en la adjudicación y el control de los contratos que se había adjudicado la empresa sevillana Grupo Iturri. Esta empresa está investigada por el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, junto con responsables de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios. Las irregularidades investigadas hicieron pensar al gabinete de Interior que se tenía que desistir de la nueva licitación porque Iturri, buena e investigada, se llevaba el concurso otra vez. Interior alegó que las cláusulas del concurso tenían un defecto de forma no enmendable que podría provocar «ofertas imposibles y desproporcionadas», como apuntaba la oferta de Iturri.
La anulación del concurso hizo reaccionar a Iturri, que recorrió la decisión ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. Iturri alegó que la resolución de la dejación no estaba «motivada» y que era «arbitraria, contraria a derecho», y que en ningún caso había ningún «vicio de nulidad invalidante del procedimiento». De hecho, alegaba que la verdadera causa de la dejación por parte del órgano de contratación no fue la existencia de vicios no enmendables, sino la incoación de un procedimiento penal de diligencias previas en que figuran como investigados un responsable de Iturri. El pleito administrativo empezó el 7 de febrero del 2022 y no ha estado hasta el pasado 22 de marzo, más de un año después, que el tribunal especializado no ha resuelto y ha dado por bono la dejación de Interior.
Un contrato de más de 10 millones de euros
El caso se remonta al anuncio del 12 de octubre por una nueva licitación para el mantenimiento preventivo de vehículos. Este anuncio de licitación por tramitación ordinaria incluía una memoria justificaba y un importe que se ensartaba en 9.624.672,00 euros sin IVA. De hecho, la licitación era para dos ejercicios repartidos en dos lotes. Pero, el 11 de noviembre, El Món publicó la investigación de la Fiscalia Anticorrupción por las anomalías detectadas en una información reservada ordenada por el consejero Sàmper, irregularidades en la ejecución de los contratos de mantenimiento de los vehículos de los Bomberos.
La nueva licitación quería corregir, respecto a los contratos anteriores, los desmesurados costes del mantenimiento sobrevenidos de los otros años y que ahora se investigan. «Era un contrato más dimensionado y con más mecanismos de control», aseguraban desde Interior. Ahora bien, Iturri se presentó y aprovechó una cláusula sobre talleres disponibles para las reparaciones para obtener más puntos que sus competidores. Precisamente esta cláusula permitía a Iturri obtener un lugar preferente a la licitación. Cuando Interior vio que, tal como estaba planteado, Iturri podía ganar el concurso, decidió pararlo porque «se desnaturalizaba el planteamiento de la licitación». «El pliego de cláusulas no ha estado bastante cuidadoso para favorecer la concurrencia ni la competencia», argüía Interior para dejar estar la licitación.
Iturri hace frente
Iturri consideró que la dejación era una excusa para arrebatarle el contrato y reprochaba a Interior la maniobra. Además del recurso del mes de febrero, el 7 de julio del 2022 Iturri presentó escrito de alegaciones complementarias ante el tribunal. En este escrito acusaba la consejería de haber parado la licitación realmente porque Iturri estaba investigada en un juzgado de instrucción de la jurisdicción penal. Así mismo, acompañó las alegaciones con un CD donde había la grabación de una declaración en sede judicial de un responsable de la DGEIS donde se podía interpretar que no había ningún error no enmendable en el contrato, sino que había la «voluntad de no adjudicar el contrato» a la empresa sevillana.
Interior contraatacó. Los abogados del departamento pidieron que la prueba se rechazara porque solo era una parte de una investigación global y todavía se encontraba en instrucción. Además, reiteraba la existencia de irregularidades o infracciones de las normas de preparación del contrato o reguladoras del procedimiento como «únicas razones» que habían llevado a la dejación de la licitación. Además, aportaban un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) donde se entendía la posibilidad que, en el marco de las licitaciones promovidas por la DGPEIS, en las «contrataciones se hubieran producido prácticas restrictivas de la competencia».
El tribunal da la razón a Interior, pero con tirón de orejas
La resolución 196/2023 del Tribunal Catalán de los Contratos del Sector Público ha dado la razón a Interior, pero no se está de advertir la consejería. Por un lado, considera que los motivos alegados por el departamento para evitar licitar el contrato son «incongruencias» que acontecen «insalvables y no simples irregularidades no invalidantes», como sostenía Iturri. Así, el tribunal razona que la redacción de las cláusulas «distorsionaba la valoración de las ofertas en relación con el principio de igualdad». Un argumento que da llena validez al objetivo de Interior para evitar otorgarle la licitación a la empresa investigada.
Ahora bien, el mismo tribunal aprovecha la resolución para avisar los órganos y entidades contratantes que «tienen que ser muy cuidadosos en la hora de configurar y redactar los pliegos, para que, en el caso de los criterios de adjudicación, sean bastante concretos y limitados para que no animen a elaborar ofertas exageradas y desmesuradas que se alejen del que razonablemente se pretende con la valoración de los criterios, como es la adjudicación del contrato a la oferta que presente mejor calidad-precio». De hecho, la resolución apunta que la licitación afectaba los principios rectores de la contratación pública porque se referiría a productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, que sean susceptibles de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos, como era el caso de Iturri. Esta sentencia ha dado oxígeno a Interior en un pleito que todavía se encuentra en fase de instrucción en la jurisdicción penal. De hecho, este viernes todavía habrá declaraciones de los encausados.
