El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha imputado por primera vez a la Guardia Civil por el espionaje ilegal a civiles catalanes con los programas Pegasus y Candiru. Concretamente, la jueza Júlia Tortosa García-Vaso ha ordenado imputar a los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón Vilas (2018–2020) y María Gámez Gámez (2020–2023); la exdirectora del CNI Paz Esteban López; los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) y sus filiales en Luxemburgo (Q Cyber Technologies y OSY Technologies); y los directivos de Saito Tech Ltd (Candiru): Eran Shorer, Ya’akov Weizman y Eitan Achlow.
La querella, impulsada por Sentinel Alliance, señala que los cinco querellantes -Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives- compartían un perfil profesional común -empresarios y desarrolladores de protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital anónima e identidad digital soberana-, y que el espionaje iba dirigido contra estas personas por su profesión. «La querella documenta que las autoridades españolas alegaron el desarrollo de las herramientas de voto digital de código abierto de los querellantes como justificación del espionaje: consideraron que el uso potencial futuro de estas herramientas por terceros constituía una amenaza a la «seguridad nacional»», destacan desde Sentinel Alliance.
Dos años sometidos a un espionaje con un software militar
Sentinel Alliance señala que los querellantes fueron expuestos a un «intento deliberado de perjudicar comercialmente sus empresas tecnológicas y su reputación» después de que sus identidades y la información confidencial de los proyectos empresariales fueran extraídas y filtradas de forma ilegal. Destacan que ninguno de los querellantes fue imputado y no pudieron defenderse tras estar sometidos durante dos años a un espionaje con programas militares como Pegasus y Candiru, dos programas con capacidad de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara. De hecho, se documentaron al menos 78 ataques contra los querellantes y su entorno más cercano.
El abogado de la acusación, Xavier Muñoz, asegura que «la providencia es impecable desde el punto de vista procesal. La jueza ha visto indicios suficientes para llamar a declarar a los máximos responsables políticos y empresariales. Estamos ante el inicio de una instrucción compleja pero necesaria para el Estado de Derecho».
