Una quincena de entidades de defensa de los derechos humanos, juristas y asociaciones de familiares de presos han denunciado el bloqueo de las prisiones a varios organismos nacionales e internacionales. Han presentado quejas ante el síndic de greuges, el servicio de Inspección del Departamento de Justicia, la fiscalía y el Comité Europeo de Prevención de la Tortura contra los funcionarios, que durante varios días han protestado sin estar formalmente en huelga y han obligado a miles de presos a quedarse confinados en sus celdas.
Las organizaciones denunciantes aseguran que los trabajadores de los centros penitenciarios tienen derecho a manifestarse, pero critican que las protestas de estos días han privado a los reclusos de salir de las celdas, ir a los consultorios médicos, recibir visitas de familiares y abogados o disfrutar de permisos. El documento que han hecho llegar a los varios organismos critica que las protestas han atravesado el “límite moral” de utilizar los presos como “objeto de presión” para hacer reivindicaciones de carácter laboral.
Investigación a fondo del asesinato de la cocinera de Mas de Enric
Ante la escalada del conflicto entre los funcionarios y el Departamento de Justicia, las entidades piden al gobierno catalán que investigue “con urgencia” el asesinato de la cocinera de Mas d’Enric, en el Catllar (Tarragonès), para identificar si han fallado los protocolos de tratamiento o los de seguridad. La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha avanzado que la Generalitat se esperará a conocer el resultado de la investigación que está en marcha antes de depurar responsabilidades. Las organizaciones denunciantes quieren que Justicia también sancione los funcionarios que hayan incumplido su deber.
Entre los firmantes de las denuncias y quejas hay el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, Irídia, IACTA Sociojurídica, Alerta Solidaria, OBSERVA-Asociación por la monitorización del sistema penal, Asociación de Familias de Presos de Cataluña, Justicia y Paz, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y la Organización Mundial contra la Tortura, entre otras.
