Medio siglo sin saber dónde era el cuerpo de su hermano. Y 50 años esperando que alguien se presente en su casa para pedirle perdón por la tortura y el asesinato del militante antifranquista del PCE(M-L) Cipriano Martos, víctima de uno de los crímenes más olvidados del final de la dictadura en Cataluña. Hasta que un estudio de ADN en el marco del programa de identificación genética de la Generalitat ha reconciliado a Antonio, de 81 años, con una parte de la verdad. Ahora sabe a ciencia cierta que su hermano, que entonces tenía 30 años, fue enterrado con 40 cuerpos más en una fosa del cementerio de Reus en septiembre de 1973. No fue quemado y tirado al río Ebro ni tampoco había tenido una muerte accidental trabajando en la obra, como les habían dicho. No, la desgracia de Cipriano Martos se había gestado en el cuartel de la Guardia Civil de Reus, donde durante cincuenta horas había sido víctima de unas torturas tan brutales que le llevarían a la muerte en el hospital de Reus después de tres semanas agonizando. Ningún familiar llegó a ver el cadáver.
La incógnita de los responsables de un crimen político
Ahora, cincuenta años después, sus cinco hermanos podrán darle el adiós definitivo en su pueblo natal, Huétor Tájar (Granada), donde también están enterrados sus padres. Cuando se reencuentren, desde Aragón, Cataluña y Andalucía, harán una parte del luto, pero no todo. Mientras conversa con el Món desde su casa en Sabadell, mirando por enésima vez las fotografías que conserva de su hermano, reconoce que haber encontrado los restos es muy importante porque es el único que les queda de Cipriano: «El entierro será un momento emocionante porque podremos decir adiós a mi hermano todos juntos. La pena es que mis padres murieron llorando por él, totalmente deshechos y en la pena más absoluta. Este mal ya no se repara», explica Antonio.
Pero insiste que todavía no se ha hecho justicia. “No sabemos qué guardias civiles de los que aquellos días estaban en cuartel de Reus fueron los responsables de las torturas y el asesinato. Sabemos seguro que había como mínimo siete guardias civiles y son los que incluimos en la querella argentina con mombres y apellidos. Todos ellos podrían ser los culpables, empezando por el teniente. Obligados o por voluntad propia, lo asesinaron», dice mientras señala un marco de fotos donde se lee
«Y hasta que no sepa la verdad no descansaré en paz”, dice Antonio. Eso sí, no únicamente responsabiliza a los posibles autores materiales, sino a toda la cadena de mando de la Guardia Civil y del régimen franquista. “Por encima del teniente había muchos mandos en Reus, además del gobernador civil y el mismo Franco”. Es consciente que aquellos guardias civiles quizás ya están muertos, pero pide que, si están vivos, den la cara. “Han pasado 50 años y nadie me ha pedido perdón ni parece que tengan intención de hacerlo. Es más, si no hubiera sido por la jueza de Argentina y por la Generalitat yo todavía no sabría dónde está mi hermano, porque este Estado que se llama democrático no mueve un dedo para reparar las víctimas de la dictadura”, denuncia.
«Si lo hicieron para salvarse, les perdonaré»
A pesar de todo, Antonio está abierto al perdón. “Estoy convencido de que algunos de los guardias civiles que participaron en las torturas no querían hacerlo, pero si no cumplían órdenes se exponían a la prisión o incluso a ser fusilados o torturados, así funcionaban la Guardia Civil y los militares. Si se jugaban la vida, si lo hicieron para salvarse y me piden perdón, lo aceptaré y les perdonaré». En el caso del teniente del cuartel, la visión es diferente. «Más bien pienso que se quería poner galones ante sus superiores, por codicia de escalar en los mandos es posible que quisiera exhibir el trofeo de mi hermano”, argumenta mientras vuelve a mirar las pocas imágenes que conserva de Cipriano Martos.
Y de repente nos dice que sí, que una persona le ha pedido perdón. Es el sobrino del teniente, que ni siquiera había nacido en 1973. Hace un par de años leyó el libro del periodista Roger Mateos,
Inicialmente rechazado por la Generalitat
La lucha de Antonio para encontrar a su hermano empezó en 2017, cuando solicitó la exhumación en la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat de Cataluña. Aquel mismo año se le extrajo una muestra de ADN, pero en 2019 la consejería de Justicia que pilotaba la republicana Ester Capella le denegó la exhumación, según remarca la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina, que ha acompañado a Antonio en todo el proceso. Y es que el caso de Cipriano Martos -con siete guardias civiles denunciados por su asesinato- se había incluido en la llamada Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, y entre la documentación aportada consta un informe de exhumación favorable elaborado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. El agosto de 2021, ya con la consejera Lourdes Ciuró, se repitió la petición y se hizo una campaña de recogida de firmas, con más de 90 entidades implicadas. En febrero de 2022, la Generalitat anunciaba la exhumación, y un mes después el Parlamento avalaba la intervención. Finalmente, casi seis años después del inicio de la investigación, el análisis de ADN ha confirmado que los restos exhumados en Reus corresponden a Cipriano Martos.
«El Estado opresor tiene que financiar las exhumaciones»
La Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina se encargará de los gastos y la intendencia de esta inhumación, incluido el traslado de sus restos. Pero Antonio cree que quién tiene que pagar es el Estado. «Agradezco profundamente a la Generalitat su humanidad y implicación. Pero no tendría que ser la Generalitat, sino el Estado opresor, que cometió todos estos crímenes, que se llenó los bolsillos con aquellos crímenes del franquismo, quien tiene que pagar las exhumaciones», defiende el hermano de Cipriano Martos. Va más allá y reclama que «las propiedades que el Estado obtuvo durante el franquismo o con dinero conseguido con la represión sean requisadas, si hace falta con la presión de países extranjeros que ya han dignificado a sus víctimas, para financiar la investigación de los miles de cuerpos desaparecidos» como el de su hermano.
Entonces Antonio guarda silencio durante unos segundos y vuelve a repasar las fotografías de su hermano: «Sé que no pasará. Este Estado ni siquiera pedirá perdón».
