El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Joan Josep Omella, ha cargado contra el informe del Defensor del Pueblo y ha negado con rotundidad la cifra de 440.000 víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia Española. «Nos duele el tema de los abusos, pero no creemos en esta extrapolación», ha dicho en rueda de prensa des de la sede de la Conferencia Episcopal. El estudio del Defensor del Pueblo ha generado polémica porque se ha hecho a partir de una encuesta a 8.000 personas y los resultados se han extrapolado a toda la población del estado.
“Si así fuera, estaríamos todos metidos, ustedes y yo”, ha espetado Omella, que ha recordado que la Iglesia tiene voluntad de “trabajar” para reparar a las víctimas, a quienes ha “reiterado” la petición de “perdón” por el «daño causado por parte de algunos miembros de la Iglesia a lo largo de la historia y sobre todo de los últimos años”. El arzobispo de Barcelona ha hecho estas declaraciones después de lo Asamblea Plenaria extraordinaria celebrada este lunes para analizar el informe del Defensor del Pueblo.
Un estudio demoscópico enciende la Iglesia
El estudio demoscópico se ha hecho a partir de 8.013 entrevistas y muestra que el 1,13% de los encuestados sufrieron durante la infancia alguna agresión sexual en el ámbito religioso. Un 0,6% de las víctimas señala directamente a un sacerdote o un miembro de la Iglesia. La extrapolación de los datos de la encuesta supone que unas 440.000 personas en todo el estado sufrieron abusos sexuales y unas 240.000 han sido agredidas por un miembro de la Iglesia.
“Sorprende la extrapolación que han hecho algunos medios de los datos obtenidos al informe» que «no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de los sacerdotes y religiosos”, ha lamentado Omella. «Creo que no está muy bien hecho”. La Conferencia Episcopal insiste que el informe presenta un “problema social que va más allá de la Iglesia” y que requiere una “respuesta integral” a la tragedia. “Poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las cuales convertiría en víctimas de segunda».
