El Tribunal Supremo ha apelado al «interés público» y al «sustrato humano» para rechazar suspender cautelarmente la regularización de inmigrantes iniciada por el gobierno español. De esta manera, el alto tribunal ha rechazado las peticiones de Vox y de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso. Hasta ahora en el Estado, han obtenido el permiso de residencia unas 90.000 personas.
En dos interlocutorias, el Supremo ha negado las alegaciones de Vox y el gobierno de Díaz Ayuso. Tal como recoge Europa Press, los magistrados señalan en el real decreto impugnado por ambas partes, entre otros, «subyace un interés público especialmente cualificado no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica», ha valorado el Supremo.
«Plena integración»
Al mismo tiempo, el tribunal ha subrayado que este interés público se basa «en permitir la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales».
Alegaciones de Vox y del gobierno de Díaz Ayuso
Sobre las alegaciones de Vox, los jueces manifiestan que la regularización no supondrá una alteración del censo electoral, como estima que pasará el partido de Santiago Abascal. Y al gobierno de Díaz Ayuso, el Supremo le responde que tampoco ve los riesgos de que los servicios públicos terminen colapsando, como planteaba la Comunidad de Madrid.
«Una amnistía administrativa»
Aunque el proceso de regularización no se detiene, dos magistrados del Supremo, Wenceslao Olea y Fernando Román han emitido un voto particular en el cual se muestran partidarios de la paralización cautelar del real decreto de regularización, al considerar que «no se aprecia que la suspensión propuesta vulnere derechos de los eventuales beneficiarios del real decreto». También han valorado que varias disposiciones del real decreto del gobierno español, «incorporan un régimen singular que, en términos de técnica jurídica, presenta rasgos propios de una amnistía administrativa».
