«A mí me han despedido de un trabajo por defender mi lengua». Esta es la conclusión que extrae Roger Castro, maestro y logopeda de profesión, del enorme quebradero de cabeza en el que se han convertido los últimos dos años de su vida. Castro trabajaba como logopeda en el CREDA —servicio de apoyo a los centros educativos en las necesidades especiales del alumnado con graves dificultades de audición, lenguaje o comunicación- Comarques II, que opera en escuelas e institutos del área metropolitana, como Sant Adrià del Besòs y l’Hospitalet de Llobregat, entre otros. Según relata en conversación con El Món, durante el curso 2022/23 comenzó a notar que había habido algunos cambios en el funcionamiento del centro, ya que, a diferencia del año anterior, las reuniones internas del equipo de profesionales se hacían íntegramente en castellano: «En las sesiones de trabajo con compañeros [la principal actuación que se lleva a cabo en la sede del CREDA, ya que la actividad con los niños se realiza en los diferentes centros] se había cambiado la lengua vehicular del grupo, y solo yo continuaba manteniendo el catalán», recuerda Castro. El logopeda se lo comunicó, pero no recibió una respuesta positiva a su petición.
Viendo que la situación se alargaba en el tiempo, el logopeda expresó su malestar por los hechos a la directora del CREDA, Maria Inmaculada Mayo, a través de un correo, al cual ha tenido acceso este diario. En este mensaje, Castro apuntaba que la ley de inmersión lingüística establece que el catalán debe ser la lengua vehicular del centro: «Los maestros y los profesores, en el ejercicio de su función, deben emplear normalmente el catalán, tanto en las actividades de enseñanza y aprendizaje como en el ámbito general del centro«, establece la normativa. Es decir, que el catalán debe ser la lengua principal en las reuniones de equipo, sesiones de trabajo y todas las demás funciones que se realizan dentro del centro educativo o, en este caso, los servicios de apoyo. «Nosotros, lo que enseñamos principalmente es lengua. Si no podemos ni hacer nuestras reuniones en catalán…», lamenta. Según denuncia, la directora del CREDA, en lugar de tomar cartas en el asunto y actuar, le recomendó que él mismo «expresara su malestar» a sus compañeras del servicio: «Me puso en una situación muy tensa y complicada desde un primer momento», lamenta. A pesar de la incomodidad, lo hizo. Pero el conflicto fue a más.
Unos días después de la conversación con sus compañeras, el 10 de marzo de 2023, la directora del centro, junto con la ayudante de dirección, Pilar Pedrajas, volvieron a convocar al logopeda a las oficinas del CREDA para abordar la problemática: «Me dijeron que había sido error mío la manera de enfocar los hechos, porque decían que había focalizado el problema en una sola persona», recuerda. En aquella conversación con el equipo directivo, la cual fue grabada y la ha podido escuchar este diario, la directora del centro ya dejó entrever que las «sensibilidades» del denunciante en relación con la lengua podían tener repercusiones en su continuidad dentro del servicio: «Hasta qué punto puedo confiar que estas sensibilidades que tienes puedan repercutir… lo tengo que valorar», argumentó la directora durante la conversación. «Todo el mundo se ha sentido mal y no hay necesidad de crear más problemas», continuaba. Su continuidad dentro del CREDA, pues, pasó a colgar de un hilo.
La resolución de la dirección del CREDA
El 26 de abril de 2023, casi dos meses después de que el logopeda hubiera expresado su malestar y hubiera puesto la problemática sobre la mesa, la dirección del CREDA volvió a convocarlo presencialmente para hablar de su futuro dentro del centro. Una reunión en la que se le comunicó que no le renovarían la comisión de servicios. Es decir, que a partir del próximo curso ya no formaría parte del equipo del centro: «Me dijeron que no lo relacionara con lo que había expresado sobre la lengua, pero que no me renovaban de cara al próximo curso por motivos estrictamente profesionales que me desacreditan como maestro y logopeda. Los motivos me parecieron muy poco fundamentados, como que me había ido a jugar al fútbol con algún alumno o que había tenido dificultades para cambiarle el horario a un alumno…», denuncia Roger Castro. De hecho, para el logopeda, estos motivos son una «cortina de humo» para tapar la problemática con la lengua.
Teniendo en cuenta los motivos por los cuales justificaban la no renovación de su comisión de servicios, el afectado trasladó su caso al inspector de Educación del centro, Esteve Rovira. El inspector devolvió la pelota al tejado del CREDA y le recomendó que lo volviera a hablar «serenamente» con la dirección del centro: «En relación con las valoraciones que haces de la atención a los alumnos, deberías compartirlo con la dirección y hablarlo serenamente», apunta el inspector en respuesta al correo, al cual también ha tenido acceso este diario, denunciando los motivos del despido. Y, efectivamente, así lo hizo.
El logopeda se volvió a reunir con el equipo directivo del CREDA el 16 de mayo -la directora y su ayudante- para intentar resolver la situación, pero se topó con una respuesta firme por parte de la dirección. De hecho, la directora asegura, tal como ha podido comprobar este diario a través de la grabación de la conversación, que el «malestar» ocasionado con las compañeras es «motivo suficiente» para no renovar la comisión de servicios. Un malestar que se ha desencadenado por el conflicto lingüístico, aunque la directora insiste en que su decisión es por motivos pedagógicos. En esta línea, tal como mantiene la directora del centro, fuentes de la consejería de Educación consultadas por El Món aseguran que la dirección del CREDA optó por no renovarle la comisión de servicios por «cuestiones de práctica pedagógica». Es decir, que, según la consejería y la dirección del CREDA, no tienen nada que ver con el conflicto sobre la lengua.
La respuesta de la consejería de Educación
Aunque Roger Castro no pudo recuperar su plaza en el CREDA -y, a estas alturas, trabaja como maestro en un centro ordinario de primaria-, el Departamento de Educación y Formación Profesional, entonces encabezado por la exconsejera Anna Simó, sí que tomó medidas al respecto. Concretamente, la entonces directora de los servicios territoriales del Barcelonès, Sílvia Ortiz, advirtió a la dirección del centro sobre el uso de la lengua en las actividades del servicio. «Tras la pertinente recogida de información por parte de la inspección, se comprobó que las observaciones [del denunciante] eran fundadas y los servicios territoriales del departamento instaron a la dirección del CREDA a revisar los usos lingüísticos del equipo. Se les puso a disposición una serie de recursos adicionales como el asesoramiento por parte de un equipo de lengua, interculturalidad y cohesión social (LIC) y formaciones lingüísticas dirigidas a directores de centro», apuntan las mismas fuentes de la consejería.
Así pues, desde la consejería no niegan que se produjeran problemas respecto al uso del catalán dentro de la actividad del mismo centro, pero aseguran que el conflicto lingüístico no ha sido el motivo por el cual Roger Castro no ha mantenido su plaza dentro del CREDA. Aun así, el logopeda insiste en que los motivos con los que la dirección justificó su decisión -y que también sustenta la consejería- son «una cortina de humo» para tapar las problemáticas con la lengua.
